Prisión preventiva para funcionaria del Municipio de Latacunga por presunta estafa
La mujer fue entregada a la Fiscalía de Salcedo, después de haber sido expuesta por las calles de Latacunga como estafadora
Paulina Moreno, funcionaria de 20 años de servicio del Municipio de Latacunga, caminó por las calles de Latacunga, descalza, atada sus manos y cuando llegaron a la plaza de San Agustín fue bañada con agua fría y ortigada, así fue expuesta públicamente. Después de esto fue entregada a la fiscalía general del Estado con sede en Salcedo para que sea puesta a órdenes de las autoridades competentes.
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Al paso de la funcionaria la gente que participaba en la marcha gritaba a viva voz “aquí va la estafadora” “para que nunca más nos vuelvan a engañar” entre otros gritos. Además, portaban una pancarta donde estaba impregnado el rostro de la funcionaria y delante de ella caminaba Paulina Erazo.
Durante la audiencia de calificación de cargo realizada en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Salcedo, el juez que conoce el caso resolvió dicta prisión preventiva por 90 días en contra de la acusada, quien fue trasladada a la unidad de atención transitoria Latacunga, en el centro de privación de libertad.
Víctor Hugo Tercero, presidente de la de la Federación de Comunas y Organizaciones Sociales (FECOS) de Salcedo (FECOS de Salcedo), fue una de las personas que lideró una marcha que recorrió cerca de 10 cuadras por el centro histórico de Latacunga, con el objetivo de exigir justicia ante una presunta estafa que habría perjudicado a más de 30 personas con falsas ofertas de trabajo.
La acción buscaba visibilizar un caso que ha afectado a más de 30 personas, muchas de ellas de comunidades rurales de Salcedo, con la promesa falsa de obtener cargos en instituciones públicas a cambio de altas sumas de dinero.
La principal acusada es Paulina Moreno Erazo, quien, según la denuncia, habría ofrecido puestos en el Municipio de Latacunga, el GAD de Pujilí y otras entidades, cobrando montos que oscilan entre los 3.000 a 5.000 dólares por persona. “Se trata de una estafa gravísima. La gente confió en ella con la esperanza de tener un trabajo fijo. Hoy tenemos comprobantes de depósitos, videos, fotografías. Hay personas que entregaron hasta 13.000 dólares”, afirmó Tercero.
De acuerdo con sus declaraciones, el monto total estafado sumaría al menos 98.000 dólares, sin contar otros casos que siguen surgiendo. Incluso, se menciona una deuda adicional de más de 20.000 dólares con un médico del cantón Salcedo, a quien la acusada habría convencido de realizar una cirugía a su padre sin pagarle.
Amenazas a dirigente de la Fecos
El dirigente agregó que existe temor entre las víctimas por posibles represalias. “Muchos no han querido hablar. Hay amenazas, incluso abogados que llaman desde Quito para intimidarme, para acusarme de secuestro. Me han dicho que soy un indígena prepotente por intentar defender a los míos”, denunció.
La FECOS, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y otras organizaciones sociales han decidido respaldar las acciones de Víctor Hugo Tercero y exigir que la Fiscalía actúe con firmeza. Durante la jornada, se entregó formalmente una solicitud a la fiscal del cantón Salcedo, Margarita Díaz, para que la acusada sea trasladada y juzgada en ese cantón, ya que muchas de las víctimas residen allí.
Cuatro procesos administrativos
Por su parte, Freddy Cano, director de Talento Humano del Municipio de Latacunga, reconoció que existen denuncias contra la funcionaria. “Hemos recibido varios reclamos y hemos solicitado a las personas que acudan a la Fiscalía. Desde el municipio hemos iniciado cuatro procesos administrativos, y hoy se suma uno más porque la señora no se presentó a trabajar desde el lunes 30 de junio”, explicó.
Cano aclaró que la administración actual ha mantenido a la acusada en un solo cargo dentro del área de Servicios Públicos, en el Camal Municipal, sin cambios de departamento. Aseguró que la entidad no permitirá ingresos laborales sin el debido proceso, y que se continuará con los sumarios administrativos correspondientes.
“Nosotros no tenemos competencia en el ámbito penal. Es la Fiscalía quien debe investigar y sancionar. Pero si existen más nombres de personas que ingresaron con procedimientos irregulares, agradecemos que nos lo informen”, concluyó Cano.
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