Corte Constitucional Ecuador: Escudero reivindica su papel ante presiones políticas

La democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con transparencia y cumplen plenamente las competencias que les han sido asignadas. La Corte Constitucional —dijo su presidente, Jhoel Escudero Soliz— no es solo un órgano de control normativo, sino una garantía efectiva de la supremacía de la Constitución y de la protección de los derechos.  

“Su razón de ser cobra especial relevancia en momentos complejos, cuando las tensiones institucionales o sociales ponen a prueba la solidez del Estado de derecho”, afirmó.

Las declaraciones se dieron el martes 21 de abril de 2026, durante el acto de rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2025, realizado en la sede del organismo, en Quito.  

Al evento asistieron representantes diplomáticos de Chile y Uruguay, un delegado de Unicef y miembros del gremio de abogados. También participaron autoridades de esa federación, entre ellas su presidente, Paúl Ocaña, y el directivo Ciro Guzmán.

Esta es la labor de la Corte, según dijo su presidente

En su discurso, Jhoel Escudero Soliz, presidente de la Corte, reiteró que su papel es institucional. No se trata, dijo, solamente de resolver competencias, sino de orientar con claridad y responsabilidad el uso adecuado de garantías constitucionales y el ejercicio del control constitucional, evitando desnaturalización. 

Por lo que enfatizó que su labor es proteger derechos, trazar límites, definir estándares y consolidar una cultura constitucional.

Las presiones que ha recibido la Corte

Durante el Gobierno de Daniel Noboa, la Corte ha enfrentado cuestionamientos y presiones por sus fallos. En agosto de 2025, el mandatario encabezó una marcha en contra del alto tribunal, al que acusó de obstaculizar sus reformas legales. En paralelo, en el norte de Quito se exhibieron imágenes con los rostros de los jueces constitucionales.

Más recientemente, en abril de 2026, el diario El Universo informó que la Contraloría General del Estado investiga el patrimonio de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán. Este último conoce una causa relacionada con la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón.

En la jornada estuvieron presentes los jueces Jhoel Escudero Soliz, Karla Andrade, Jorge Benavides, Alejandra Cárdenas, Alí Lozada, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz y José Luis Terán. Claudia Salgado no asistió por encontrarse con licencia.

Esto dijo sobre la independencia la vicepresidenta:

Durante la apertura del acto, la vicepresidenta de la Corte, Karla Andrade, ratificó el compromiso del pleno con una justicia constitucional “célere, transparente e independiente”.

Como parte de su balance, la Corte informó avances en la reducción de tiempos de resolución de causas: procesos que antes podían tardar hasta ocho años ahora se resuelven en plazos de entre dos y tres años. Además, se destacó el fortalecimiento de criterios técnicos en la fase de admisión de casos. Han tratado casos de toda índole, entre otros de derechos.