Las acciones contra jueces alertan captura de la justicia

Los gremios que representan a los juristas del país, organizaciones y abogados han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de “ataques”, “hostigamiento” y “presión” por las resoluciones adversas a las autoridades de turno.

Las reacciones comenzaron cuando se conoció que Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general, Carlos Alarcón. La acción de control ocurre en momentos en los que el Alto Tribunal ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Gremios alertan sobre hostigamiento a jueces

En aquel momento, se advertía una afectación a la institucionalidad y se instaba a respetar el orden democrático. Sin embargo, la alerta subió de tono tras conocerse las acciones en el ámbito administrativo y legal que presentó el fiscal en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

Las acciones de Fiscalía estuvieron acompañadas por una campaña en las redes sociales, en donde se atacaba a los jueces. Estas han sido cuestionadas debido a que la inconformidad hacia los fallos deben “ser rebatidas única y exclusivamente en el marco del debido proceso y del contradictorio” para no incidir en la independencia judicial, recordó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

Si bien la política y la justicia convergen en el sistema judicial de un país, “estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o para realizar controles en juicios políticos en contra de autoridades judiciales”, dice Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). No obstante, el problema se genera “cuando esa interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En ese caso, la justicia se vuelve un botín y actúa aprovechando esa posición. Pero cuando pierde ese poder político, la utilizan como una especie de trinchera para mantener privilegios, impunidad o incluso para negociar con la oposición o perseguir voces disidentes”, explica.

Acciones de Contraloría y Fiscalía intensifican

La directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, señala que estas arremetidas “no son un tema de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia que va a terminar en que los jueces no tengan la capacidad de tomar su decisiones de manera independiente e imparcial. Si se sienten hostigados y no pueden decidir en consonancia con lo que dicta la ley ni ejercer su función como contrapeso del poder, difícilmente podremos tener un sistema de justicia independiente y tendremos uno que se va a convertir en más autoritario”, observa.

Según Indacochea, el impacto va más allá. Cree que la arremetida no se queda solo en la persecución, como ya se ha visto en otros países de la región, pues sostiene que esos fallos suelen ser “el detonante o la excusa. La justicia se vuelve selectiva y hasta se la utiliza para dar un cascarón de legalidad a ciertas políticas públicas que pueden no serlo, como las políticas de seguridad. Eso lo vimos en El Salvador, donde, para poder aprobar los regímenes de excepción de Nayib Bukele, primero se tuvo que destruir la independencia del sistema de justicia. De otro modo no hubiese sido posible que se detenga a más de 90.000 personas sin ningún tipo de evidencia”, asegura.

Riesgo de captura del sistema judicial

Miño coincide. Menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante muchos años, “los matices que han cobrado últimamente, como las campañas de desprestigio, estigmatización y mecanismos de sanción, a nivel de la Judicatura, o la instrumentalización de la Contraloría, sí son preocupantes. Evidentemente, en Ecuador ya comienza a verse algo, que a nivel regional o global, ya se ha observado como algo peligroso para la democracia: los intentos de captura del sistema de justicia”, agrega.

Aunque se alerta que estos casos inciden en el sistema de justicia, el abogado y exlegislador, Andrés Páez, opina que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. Considera que en el caso de la CC, sus magistrados “no hacen justicia constitucional, tienen una agenda política que ha convertido a la Corte en el último reducto del correísmo. Lo único que afecta a la independencia judicial es que los jueces tengan una agenda política, porque ellos pueden tener ideas políticas, pero no pueden practicar su ideología”, concluye.