Federación de Abogados y Observatorio de Justicia rechazan amedrentamientos contra jueces

La Federación Nacional de Abogados y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) se sumaron a las expresiones de rechazo en contra de las presiones y amedrentamientos hacia los jueces Byron Uzcátegui, Silvana Velasco y Wiler Chóez, miembros del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes ordenaron la revocatoria de la prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

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Denuncia amedrentamiento al Tribunal y a la CC

En un comunicado, la Federación condenó “los actos de interferencia, persecución y amedrentamiento” y expresó su “profunda preocupación ante la presión” hacia los jueces provinciales y de la Corte Constitucional (CC). 

“Son perseguidos por decisiones adoptadas en el ejercicio legítimo de sus funciones, siendo el caso más emblemático el del Dr. Carlos Serrano”, amenazado por funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) tras sentenciar al narcotraficante Jezdimir Srdan, resaltó el gremio.

La Federación dijo que la independencia judicial y la de los jueces "es una garantía inquebrantable de la vigencia del orden democrático", de allí que "no pueden ni deben ser objeto de represalias por ejercer su función de control frente a los demás poderes del Estado", de lo contrario, se corre "el riesgo de subordinación". 

En caso de que las decisiones de los magistrados "generen debate o inconformidad política, deben ser respetadas y canalizadas exclusivamente a través de los mecanismos legales de impugnación", agregó.

Observatorio alerta procesos contra jueces

El Observatorio, en cambio, rechazó “el hostigamiento judicial sufrido por los jueces” del caso Goleada y, al igual que la Federación, expresó preocupación por los magistrados de la Alta Corte, a quienes "se les ha iniciado investigaciones con posibles responsabilidades penales".

La organización recordó que la pugna generada por el régimen comenzó desde agosto del año pasado, la cual, además "se ha caracterizado por campañas de desprestigio y acoso permanentes. En este escenario, dos jueces han renunciado", indicó.

Finalmente, el Observatorio también se refirió a las reacciones de las decisiones judiciales. En ese sentido, indicó que "los jueces no están obligados a emitir decisiones políticamente convenientes, sino justas y adecuadas al Derecho" e hizo un llamado a la ciudadanía “a proteger el sistema de justicia”.

Ambos pronunciamientos se suman al que hizo la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) el viernes, luego de conocerse que el fiscal Carlos Alarcón presentó una denuncia administrativa en el Consejo de la Judicatura en contra del Tribunal por un posible “error inexcusable” al emitir el fallo.