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Diario Expreso Ecuador

Sistema de pensión colapsado

Urge por tanto un pacto político social en 2026 para legislar reformas, priorizando sostenibilidad intergeneracional por sobre intereses políticos o sindicales

Los beneficios equivalen a cinco veces los aportes; la tasa de reemplazo es superior al 70 %, violando los principios actuariales.

Los beneficios equivalen a cinco veces los aportes; la tasa de reemplazo es superior al 70 %, violando los principios actuariales.Archivo

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El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-, agoniza por políticas clientelares que priorizaron beneficios insostenibles a cambio de votos.

Con una Informalidad superior al 50 % se reduce el número de aportantes.

Aportantes vs. jubilados a razón inferior de tres pensionistas por un aportante, se aleja del óptimo de ocho aportantes por cada pensionista.

Desvíos de fondos de pensiones, al financiar créditos al 2,99 % generan déficits de USD 4.000 millones en 2026. Las reservas se erosionan con desinversión de USD 1.500 millones anuales; el colapso, de no corregir la tendencia, llegaría entre 10 a 15 años. Esas son las perspectivas de expertos como Augusto de la Torre y José Hidalgo, quienes claman por reformas.

Los beneficios equivalen a cinco veces los aportes; la tasa de reemplazo es superior al 70 %, violando los principios actuariales. El Estado aporta el 40 % legal, pero evade acciones específicas.

Los sindicatos politizados, defendiendo sus privilegios y la inacción del Legislativo por una legislación laboral más flexible, condenan a ‘millennials’ sin posibilidad a acceder a pensiones. Esa es la realidad innegable.

Las soluciones concretas fueron presentadas y avaladas por la Comisión 2023, pero han sido ignoradas. Soluciones como: elevar edad jubilatoria a 67 años (de 60/65), alineando con demografía y extendiendo aportes.

Transitar a capitalización individual: cada trabajador acumula fondos propios, rompiendo el esquema de prima media deficitario.

Focalizar subsidios: pensiones mínimas solo para vulnerables, liberando recursos para sostenibilidad.

Prohibir desvíos extrapresupuestarios y auditar reservas con transparencia pública anual.

Incentivar formalización laboral, vía deducciones fiscales y campañas, elevando aportantes.

Estas medidas evitarían la quiebra sin hiperinflación. Urge por tanto un pacto político social en 2026 para legislar reformas, priorizando sostenibilidad intergeneracional por sobre intereses políticos o sindicales. Caso contrario estaremos en primera fila presenciando el colapso del sistema de pensiones jubilares.

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