Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

La demanda de inconstitucionalidad contra el adelanto de elecciones por razones de mal tiempo ha vuelto a poner a la Corte Constitucional, si no lo estaba ya, en el centro de todas las miradas y bajo el peso de todas las presiones. Se debate si el Consejo Nacional Electoral, autoproclamado máxima autoridad por encima de toda ley mientras dura el período de elecciones, tiene la facultad de destituir a los jueces en el caso de que éstos osen intervenir en sus cronogramas. Qué más se quisieran los cheerleaders del noboísmo: bastaría una resolución en ese sentido para militarizar el edificio de la Corte, probablemente detener a los jueces y luego sustituirlos por otros cuya mayoría se la aseguraría el gobierno mediante el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que ya se debate en la Asamblea de Niels Olsen. De modo que la pregunta no es si el CNE tiene facultades para destituir a la Corte Constitucional: la pregunta es si lo hará.

El conflicto político y las figuras del oficialismo

Ocho meses después de las marchas que el presidente de la República convocó en contra de la Corte Constitucional (inaudita demostración de fuerza callejera de un gobierno supuestamente democrático contra el más alto tribunal de justicia de la República, con campaña de desinformación incluida), la batalla continúa.

Continúa con las alharacas mediáticas de Diana Jácome, asambleísta de pocas luces y no precisamente muy intensas, quien pretende someter a juicio político a los integrantes de la Corte Constitucional por sus sentencias. En particular, por una sentencia: la que estableció una excepción para permitir el cambio de nombre y género en el Registro Civil a los adolescentes que manifestaran su voluntad de hacerlo, tengan el apoyo de sus padres y estén avalados por estudios psicológicos. “Ley trans”, llama a esta sentencia, desproporcionada y mentirosamente, el asambleísta de gobierno Andrés Castillo.

Denuncias y estrategias de desprestigio judicial

La batalla continúa con la denuncia que el exjuez de la Corte devenido en su enemigo acérrimo, hoy asesor jurídico de Carondelet, Enrique Herrería, lanzó en un medio de comunicación afín al gobierno contra la directora de Comunicación del Organismo, Alejandra Ortega, acusándola de haberlo chantajeado para que dejara de lanzar críticas a la Corte a cambio de aprobarle el tratado de inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Acusación gravísima que no se atrevió Herrería a presentarla donde corresponde: en la Fiscalía (ni siquiera teniendo fiscal de bolsillo se atrevió a hacerlo), pero que sirvió para salpicar con fango a la Corte y a la misma Ortega, que solía ser (vergüenza para Herrería) su amiga y colaboradora.

El ahogo financiero: Fondos del BID y presupuesto estatal

La batalla continúa con mecanismos de presión de los que la opinión pública ni siquiera sospecha. El represamiento de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que Finanzas debería simplemente trasladar a sus legítimos destinatarios pero que ha decidido represar a riesgo de convertir a la Corte Constitucional en insolvente y privarla de ciertos servicios imprescindibles para su funcionamiento.

Con fondos del BID se financia el sofisticado sistema de Internet que sirve a la Corte para mantener su acervo digital en la nube y funcionar con el 80 por ciento de sus documentos electrónicos: sus proveedores, hoy, están faltos de pago y bien podrían demandar a la Corte por incumplimiento de contrato.

Con fondos del BID, represados por el gobierno, funciona todo un aparato de consultorías y asesorías, incluido el programa de asesores jurídicos (a razón de dos por juez) gracias al cual se ha logrado superar en gran medida el eterno problema del represamiento de casos, al extremo de que los ocho años promedio que tardaba la llamada corte cervecera en tramitar una demanda han disminuido a tres, gracias a los asesores pagados por el BID. Pues bien: esos asesores están sin sueldo ahora.

También están impagos los contratistas del proyecto (financiado por el BID) de restauración de una casa patrimonial en la avenida 12 de Octubre donde se proyecta que funcione la sede protocolaria de la Corte Nacional.

Incertidumbre administrativa y desalojo de oficinas

Mientras tanto, la misma Corte vive con la incertidumbre de perder sus oficinas en enero próximo. En efecto, el edificio que hoy ocupa, en las calles Tamayo y Lizardo García, en el centro norte de la capital, fue cedido en comodato por el Ministerio de Ambiente durante el gobierno de Lenín Moreno. Y no hay manera de confirmar con las autoridades respectivas si ese comodato será renovado o no: parece que el Ejecutivo se guarda la respuesta hasta el último momento, con el agravante de que un traslado de un organismo público de esas dimensiones necesita meses de preparación, pues hay contrataciones públicas que hacer y seguros que contratar.

Reformas legales y el control de la mayoría judicial

Pero hay una incertidumbre mayor: la que rodea a la propia conformación de la Corte. Un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se debate en la Asamblea de Niels Olsen pretende alterar el sistema de sustitución de jueces, de modo que el gobierno pueda garantizarse una mayoría en el organismo. La Corte se renueva parcialmente cada tres años, sustituyendo a tres de sus jueces mediante concurso organizado sobre ternas remitidas por el Ejecutivo, el Legislativo y el CPCCS. Cuando se necesita sustituir a alguno de esos tres jueces, se echa mano de los mejor calificados del respectivo concurso, es decir: hay un banco de elegibles cada tres años. El proyecto de reformas propone unificar esos bancos de elegibles en uno solo, cosa absurda pues cada concurso tiene sus propias reglas y su propio sistema de puntuación. La propuesta tiene nombre y apellido: Pamela Aguirre, una de las candidatas del Ejecutivo. En caso de unificar los bancos de elegibles, ella sería la suplente que sustituiría a cualquier juez (no necesariamente a los que resultaron electos en su concurso), con lo cual el gobierno alcanzaría mayoría en la Corte Constitucional. ¿Alguien duda de que lo harán?

El objetivo, entonces, sería destituir a cualquiera de los actuales jueces. Nomás necesitan uno. Para ello, la Contraloría ya inició el año pasado una serie de exámenes que, a juzgar por el comportamiento de los organismos de control como herramientas de persecución política que hemos visto hasta la fecha, no tardarán en encontrar algún pretexto para llevar a juicio a cualquier juez, aunque fuera por su gasto en taxis. Ya la semana pasada un grupo de agentes fiscales visitaron el edificio de la Corte. Es probable que la guerra del Ejecutivo contra la Corte Constitucional se encuentra en vísperas de su amañado desenlace.

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