Caso GRANASA
CIP cuestiona criterios sobre intervenciones societarias en Ecuador
GRANASA fue intervenida en febrero de 2026. La medida se ejecutó a partir de un pedido que hizo Inmobiliar a la SuperCías
Gráficos Nacionales S.A., casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, permanece intervenida desde el 18 de febrero de 2026.
Lo que debes saber
- El conflicto con GRANASA se remonta a mediados de 2025, tras acusaciones de presunto fraude tributario y lavado de activos basadas.
- Posteriormente, la SuperCías alegó falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera e Ingrid Martínez.
- El 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos López Vulgarin por presunto prevaricato en una acción de protección.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) publicó, en su cuenta institucional de X, un comunicado en el que expresa su preocupación frente a los criterios expuesto por la Superintendencia de Compañías en relación con los procesos de intervención societaria. Esta postura del gremio se da en el contexto de la intervención estatal en la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA permanece intervenida desde el 18 de febrero de 2026.
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Origen de la intervención y designación de interventora
La medida se ejecutó tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere.
La intervención se adoptó debido a que la empresa no entregó información solicitada por Inmobiliar. Además, GRANASA ha denunciado un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones mediante un liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.
En ese contexto, el 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos Cristóbal López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.
Advertencias sobre interpretación de la ley
Frente a estos hechos, la CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.
El gremio también advirtió que “una intervención no puede convertirse en un mecanismo para redefinir estructuras accionarias ni para incidir en el control de las compañías”. Añadió que hacerlo “no solo vulnera la finalidad de la Ley de Compañías, sino que compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a posibles desviaciones de poder”.
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Pedido de apego a la Constitución y la ley
En esa línea, la CIP subrayó que el sector productivo advierte con claridad que “la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para el desarrollo del Ecuador”. Además, María-Paz Jervis, presidenta ejecutiva del gremio, afirmó que “siempre bajo principios, defendemos la libertad de expresión, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada como pilares de la democracia”.
Ante este escenario, la Cámara de Industrias y Producción pidió que “la autoridad de control se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley”. Sostuvo que de esa forma se garantizará un entorno de certeza, neutralidad y respeto a la iniciativa privada.
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