Caso Granasa
GRANASA denuncia por prevaricato a juez de Flagrancia Carlos López Vulgarin
El reclamo apunta a la tramitación y concesión de una medida cautelar dentro de una acción de protección de carácter societario
Granasa denunció el 21 de abril en Guayaquil al juez López Vulgarin por presunto prevaricato en una acción de protección.
Las claves del caso
- Granasa denunció el 21 de abril en Guayaquil al juez López Vulgarin por prevaricato en una acción de protección.
- La denuncia surge por una medida cautelar dictada el 28 de marzo contra fallos de la Corte Constitucional.
- Fiscalía del Guayas analiza si el juez procedió contra ley expresa en un conflicto societario.
Una denuncia penal por prevaricato fue presentada ante la Fiscalía General del Estado contra Carlos Cristóbal López Vulgarin, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil.
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La acusación se relaciona con su actuación dentro de una acción de protección en la que concedió una medida cautelar contraviniendo normas legales y precedentes obligatorios de la Corte Constitucional, por tratarse de un tema patrimonial y societario.
La denuncia fue interpuesta por Galo Eduardo Martínez Leisker, representante legal de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), quien sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, pese a que el conflicto planteado tiene naturaleza patrimonial y no constitucional.
El documento fue ingresado el 21 de abril de 2026 ante la Fiscalía Provincial del Guayas y registrado como denuncia formal no flagrante por el delito de prevaricato.
Según el escrito, el 28 de marzo de 2026, Carlos Cadena Asencio, liquidador de Veranera S.A., presentó una acción de protección con solicitud de medidas cautelares en contra de GRANASA, con el objetivo de revertir una transferencia de acciones realizada hace más de seis años.
La causa fue asignada al juez López Vulgarin, quien el mismo día avocó conocimiento, admitió a trámite la acción y ordenó, en un plazo de 24 horas, la inscripción de Veranera S.A. como titular de un paquete del 40 % de acciones en el libro societario de la compañía editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.
Contradicción con fallos de la Corte Constitucional
El denunciante sostiene que el juez actuó en contra de norma expresa, al tramitar una acción de protección que es manifiestamente improcedente.
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En el documento se cita la Sentencia 3372-22-EP/25 de la Corte Constitucional, que establece que las acciones de protección no pueden utilizarse para resolver disputas patrimoniales o societarias, al existir vías judiciales ordinarias para ese tipo de conflictos.
Además, se señala una vulneración al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que exige que no existan otros mecanismos judiciales eficaces para que proceda una acción constitucional.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es que GRANASA solicitó el 2 de abril de 2026 la revocatoria de la medida cautelar, petición que —según el escrito— no ha sido resuelta oportunamente por el juez. A pesar de ello, el magistrado continuó con actuaciones dentro del proceso.
Justicia
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El 13 de abril, el juez dispuso certificar el cumplimiento de la orden y concluyó que existiría un presunto incumplimiento, lo que dio paso al envío de piezas procesales a la Fiscalía para investigar un supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Para la defensa de GRANASA, estas decisiones evidencian celeridad selectiva, omisiones procesales y una activación indebida del sistema penal, pese a que el pedido de revocatoria sigue sin resolverse.
Solicitud de investigación penal
En la denuncia se solicita a la Fiscalía Provincial del Guayas iniciar una investigación previa por prevaricato, recibir la versión libre del juez denunciado y del accionante de la acción de protección, y requerir el expediente completo del proceso constitucional cuestionado.
El prevaricato está tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a jueces que fallen o procedan contra ley expresa, con penas de hasta 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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