Sin tratamientos agotados, la eutanasia divide posturas en Ecuador

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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Cuestionamientos al origen de la ley

En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

La eutanasia evidencia que todos hemos fallado. ¿Cómo hablar de ella con tanta ligereza en un país donde ni siquiera se garantizan medicamentos básicos? Tengo 14 años en cuidados paliativos y la mayoría de pacientes no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con esta ley, el Estado podría reducir costos al dejar de atender ciertos casos.Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas

Una historia personal que marca el debate

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó el punto de quiebre. “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”, rememora Gavilanes que le dijo su hijo; una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que, 20 días después, lo llevó a despertar. Desde entonces, sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

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Déficit en cuidados paliativos

Además, añade Jimbo, es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025. El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, María Cecilia Villafuerte asevera que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos, pese a su relevancia. Dice que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves, advierte.

Lo que estamos viendo es falta de coherencia jurídica y legislativa. Los asambleístas terminan siguiendo agendas impuestas, en lugar de asumir una postura firme en la defensa de derechos fundamentales. Se ha desviado la atención hacia debates secundarios, cuando lo urgente es garantizar atención en salud, medicamentos y cuidados paliativos.Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador

La vida como prioridad del Estado

En ese contexto, Gavilanes insiste en que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes.

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

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Coincidencias en condiciones para su aplicación

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXPRESO coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo detalla que la normativa debería establecer requisitos técnicos estrictos. Señala que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de al menos tres meses y contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar esta opción. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Antes de tomar decisiones de esta magnitud, el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a tratamientos, cuidados paliativos y un sistema de salud oportuno y humano. No se puede hablar de eutanasia sin asegurar primero condiciones dignas de atención médica. Nosotros luchamos por la vida de nuestros hijos.Edwin Gavilanes, fundador de la organización Ariel Chicho Gavilanes

Dudas sobre la efectividad de los controles

Villafuerte advierte que, aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes, como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.