En Ecuador, la normativa para procesos eutanásicos avanza tarde y con criterios divididos

Aunque a la Asamblea Nacional ya se le venció el plazo fijado por la Corte Constitucional para establecer un marco regulatorio sobre la eutanasia, el Legislativo continúa afinando el proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia’. La propuesta está a cargo de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, que mantiene en análisis el contenido de la norma.

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Plazo vencido y trámite tardío

El plazo expiró el 25 de septiembre de 2025, un año después de que la Defensoría del Pueblo presentara un proyecto de ley. De acuerdo con la Sentencia No. 067-23-IN, la Asamblea tenía un plazo de 12 meses para aprobar la normativa, contados desde esa entrega.

Pese a ello, recién el 2 de diciembre de 2025, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte unificó cuatro iniciativas y les dio trámite. El primer debate del proyecto se llevó a cabo el pasado 24 de marzo de 2026.

Pero hasta que se apruebe la normativa, en Ecuador continuará vigente el ‘Reglamento del procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y no voluntaria’, expedido por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Así lo dispuso la Corte Constitucional el 5 de febrero de 2024, como medida transitoria ante la ausencia de una norma legal.

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Eutanasia: opción excepcional, no derecho general

Asimismo, la Corte Constitucional del Ecuador declaró inaplicable el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en casos de eutanasia realizados por un médico y bajo condiciones específicas. Estas incluyen que el paciente padezca un sufrimiento intenso por una enfermedad grave e incurable o una lesión irreversible, y que exista consentimiento libre, informado e inequívoco propio o de su representante.

En la sesión No. 080-AN-2025-2029, el asambleísta Esteban Torres, de Acción Democrática Nacional (ADN), sostuvo que la eutanasia en el país es una opción en casos excepcionales. En ese contexto, enfatizó que no constituye un derecho general, como -según afirmó- tampoco lo reconoce la Corte.

El primer debate se dio el 24 de marzo de 2026; dos días antes de que el mundo registrara una eutanasia en España, el caso de Noelia Castillo. En Ecuador, la eutanasia se despenalizó por el caso Paola Roldán, en febrero de 2024.

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Vacíos técnicos y críticas al proyecto

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz advirtió que el proyecto tiene vacíos técnicos. Dijo que, pese a que la Corte dispuso regularlo con estrictas garantías, el texto aún requiere ajustes.

Veloz cuestionó que el diseño de control se concentre en verificaciones posteriores. A su criterio, por tratarse de un procedimiento irreversible, deberían priorizarse controles previos más rigurosos.

Hay personas que sufren no solamente por el diagnóstico médico, sino por la falta de una cita médica a tiempo o de un medicamento que no pueden costear.Cristina Jácome, asambleísta de RC

Burocracia y tiempos en discusión

Por su parte, la asambleísta del oficialismo María del Cisne Molina expresó su preocupación por la burocracia planteada en el proyecto de ley. Señaló que el procedimiento debe garantizar celeridad y no extenderse por más de seis meses, a fin de evitar dilaciones que afecten a los pacientes.

En contraste, el legislador Torres defendió el mantener controles administrativos en el proceso. Sostuvo que una burocracia ágil es necesaria para evitar abusos y presiones sobre personas vulnerables.

Por su parte, la asambleísta de la RC, Cristina Jácome, quien fue la única integrante de la Comisión que accedió a dialogar con EXPRESO, advirtió que el debate no puede desvincularse de la situación del sistema de salud. Según señaló, el Estado aún no tiene capacidad para garantizar una atención digna, oportuna y equitativa, lo que podría incidir en que las solicitudes de eutanasia respondan a la falta de acceso a tratamientos o medicamentos.

Para Jácome, el Estado debe priorizar el acceso efectivo a la salud antes de avanzar en la aplicación de este procedimiento. Advirtió que, de no hacerlo, la eutanasia podría convertirse en una salida frente a la negligencia estatal, en lugar de una decisión libre y respaldada por condiciones dignas.

Podemos profundizar, en el segundo debate, las alternativas a la eutanasia, que pasan sobre todo por los cuidados y la sedación paliativa, ya que pocos (el 3 %) acceden.Esteban Torres, asambleísta de ADN

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Riesgo de leyes sin aplicación real

En ese contexto, la legisladora insistió en que el país debería priorizar, antes que nada, la garantía efectiva del derecho a la salud, pues existe el riesgo de que nuevas normativas queden sin aplicación real. Advirtió que no es un escenario ajeno en Ecuador, donde incluso leyes como la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer enfrentan dificultades en su implementación por falta de recursos y capacidad institucional, lo que evidencia cómo parte de la jurisprudencia termina convirtiéndose en letra muerta.

Por otra parte, la asambleísta Victoria Desintonio ha advertido, en entrevistas previas con EXPRESO, sobre posibles vacíos legales. Según señaló, estos podrían afectar a pacientes y sus familias, especialmente en ámbitos como seguros o créditos si la eutanasia llega a constar como causa de muerte.

EXPRESO intentó coordinar entrevistas con integrantes de la mesa, pero solo Jácome accedió a dialogar. El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, no accedió, al igual que la vicepresidenta Diana Blacio.