Caso Villacís: ilegalidades podrían llevar al Estado ecuatoriano a condena internacional

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.