Justicia a la mexicana

El país de las telenovelas no podía resistirse a producir su propia versión del reality judicial. México ha inaugurado un experimento sin precedentes en América Latina: la elección directa por voto popular de los magistrados de su Suprema Corte de Justicia. Lo que fue presentado como una democratización del sistema judicial ha resultado ser una peligrosa mezcla de populismo, simulacro democrático y desprecio por la técnica jurídica.

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 Esta reforma es hija de la llamada “Cuarta Transformación”, el proyecto político fundacional impulsado por Andrés Manuel López Obrador y seguida por Claudia Sheinbaum, según sus promotores, la Cuarta Transformación representa una nueva era en la historia de México, comparable con la Independencia. En la práctica, ha consistido en un proceso de concentración del poder en torno al Ejecutivo, una narrativa de polarización permanente, y una tendencia sistemática a someter a instituciones históricamente independientes al control político, desde el INE hasta ahora la Corte Suprema.

 La reforma judicial aprobada en 2024 fue el último eslabón de este proyecto. Redujo de once a nueve los integrantes del máximo tribunal e instauró su elección por voto popular. Ya no se trata de que un presidente proponga ternas al Senado, sino de que miles de candidatos, sin filtros claros, se postulen y hagan campaña como si la judicatura fuera un espectáculo electoral.

 Lo ocurrido el pasado 2 de junio en las elecciones judiciales es una advertencia. Se registraron más votos que votantes en múltiples casillas. En Oaxaca, Tabasco, Puebla, Guerrero y Chiapas —los bastiones del oficialismo— se dieron resultados asombrosos: votos en masa a favor de los mismos candidatos, listas idénticas distribuidas a las afueras de los recintos, urnas ya llenas y reportes de fraude. prácticas conocidas, heredadas de la era del PRI, pero ahora revestidas con el ropaje de una supuesta democracia revolucionaria.

Más de 10 millones de votos nulos

 Para más INRI la participación fue apenas del 13% del padrón. Más de 10 millones de votos nulos. Pero el gobierno lo celebró como un hito de participación cívica, de una campaña que rozo en algunos casos el ridículo.

 Hugo Aguilar Ortiz, un abogado mixteco oriundo de Oaxaca, se convirtió en el ministro más votado y será el nuevo presidente de la Corte durante los próximos dos años. Su elección ha sido exaltada como símbolo de inclusión y justicia social. Sin embargo, su historial profesional es escaso, sus criterios jurídicos son poco conocidos, y su alineación con el partido de gobierno es evidente. Junto a él estará Yasmín Esquivel —la misma que fue acusada de plagio de tesis—, así como otros perfiles que, más que imparciales, parecen seleccionados para acompañar las decisiones del poder ejecutivo.

La independencia judicial, piedra angular de cualquier república moderna, ha sido sustituida por la “popularidad judicial”. Pero el voto no legitima todo. Si la Corte ya no representa un contrapeso, sino un espejo del gobierno, entonces sus decisiones no serán fallos, sino favores.

En este nuevo esquema, la justicia será tan débil como su campaña. Algunos candidatos usaron frases publicitarias dignas de las peores campañas de nuestro país. Otros colgaron lonas con promesas de “cercanía con el pueblo” o “cero tecnicismos”, como si juzgar el cumplimiento de la Constitución fuera un concurso de popularidad, haciéndonos dudar si estos ‘’jueces’ no se dejaran influir por las encuestas o lo que digan las ‘’redes’’.

El precedente es inquietante. Si la Corte puede ser electa con una participación menor al 15% y sin control institucional efectivo, entonces cualquier institución puede ser sometida al mismo destino. ¿Por qué no elegir también al contralor, al fiscal, o al gobernador del Banco Central con esta lógica?

La exportación de este modelo es más peligrosa que el modelo en sí. Algunos movimientos populistas en América Latina ya ven en México una innovación revolucionaria: una justicia votada por el pueblo, pero al servicio del poder. Nada más alejado de una democracia real. Porque sin independencia judicial, los derechos son papel mojado.

 México ha pasado de tener una Corte imperfecta pero institucional, a un experimento que combina el ruido electoral con la obediencia política. El resultado no es más justicia. Es más espectáculo. Y en ese guion, como suele pasar en las telenovelas, el final siempre lo escribe el que paga la producción.

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