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Escenario. En el parterre central de la avenida del Bombero se encuentra una valla.amelia andrade

Guayaquil: Vuelven a las calles doce vallas por decisión judicial

Empresas ganan 7 acciones de protección contra la anterior administración municipal. La actual anuncia una comisión para regular el tema

Las vallas publicitarias vuelven a ser noticia en Guayaquil. Doce estructuras fueron reinstaladas en los sitios donde originalmente fueron retiradas por orden de la anterior administración municipal, encabezada por la exalcaldesa Cynthia Viteri. Las empresas publicitarias dueñas de estos rótulos ganaron siete acciones de protección mediante los cuales se dispuso por orden judicial su restitución.

En una entrevista con el nuevo secretario municipal, Felipe Cabezas-Klaere, explicó este jueves 29 de junio a este Diario que son distintas empresas, dedicadas a las actividades publicitarias en rótulos, que presentaron las acciones por “ciertas actuaciones irregulares que cometió la anterior administración”. Pero, adelantó, son “doce de tantas”.

Llama la atención, además, que algunas de estas acciones de protección en contra del Cabildo se presentaron en otras ciudades, como Bucay (provincia del Guayas).

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“Había una medida cautelar que prohibía al Municipio y Concejo Cantonal conocer alguna reforma a la ordenanza que regulaba el tema de rótulos; esa medida cautelar ha sido desistida por las empresas valleras, entendiendo que el Municipio está dispuesto a escuchar y puedan influir la toma de decisión, siempre privilegiando el orden”, comentó.

Sobre las vallas, uno de los más sonados en la era de Viteri, la Contraloría realizó un examen especial que ejecutó la entidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022, y en el que reveló que no se recaudaron más de 2,3 millones de dólares.

Ante esto, se le consultó al funcionario si alguna de estas siete empresas mantienen deudas con el Cabildo, y respondió que eso está en “proceso de revisión”. Adelantó que al respecto, el Municipio difundirá un video explicativo de la problemática y cómo va a ser su accionar.

¿Pero quiénes son? Cabezas-Klaere prefirió, asimismo, no emitir los nombres de las empresas en cuestión. “Son siete empresas principales que forman parte de este sector y con las actuaciones de la anterior administración, fueron las siete empresas las que presentaron las acciones de protección”, dijo.

Agregó que, por ser una decisión de carácter constitucional, se ha permitido la reinstalación de las vallas. “Pero eso no implica que no podamos revisar la procedencia o no la viabilidad de instalar estos rótulos”, concluyó el secretario.

Sobre el caso, EXPRESO conoció que el alcalde Aquiles Álvarez dispuso conformar una comisión por distintas áreas del Cabildo para “regular” el tema.

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En un recorrido realizado por EXPRESO en diferentes arterias, se constató que, en efecto, algunas de las vallas fueron colocadas o al menos el largo cilindro. Es el caso de una situada en el parterre central de la avenida del Bombero, en el sentido hacia la Carlos Julio Arosemena.

Otra se registra en la transitada avenida de las Américas, cerca a Transportes Ecuador, en el norte, donde se luce otra estructura junto con ella. Escasos centímetros las separan.

En una reciente entrevista con el nuevo titular de la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot), Luis Alfonso Saltos, prometió que revisará la ordenanza de las vallas -que se la ha reformado varias veces- y, además, establecer lineamientos para tener una ordenanza única.

  • El informe ya pasó al área de juzgamiento

El informe aprobado de la Contraloría se dio el jueves 30 de marzo de 2023, en el que se determinaron diferentes hallazgos como el que no hubo “coordinación ni supervisión para reconocer quiénes colocaron 221 rótulos publicitarios que no tenían el permiso municipal respectivo”.

La entidad precisó a EXPRESO que ya se ha remitido a las áreas de juzgamiento, donde se analizará y se realizará el estudio de posibles responsabilidades civiles y administrativas que puedan devengar de este informe. El plazo sería alrededor de 180 días.

El informe habría señalado, además, que el jefe de Ocupación de Vía Pública en funciones del 1 de enero al 30 de junio de 2017, y del 1 de julio del 2017 al 25 de octubre de 2020, “no controló el registro de usuarios que ocuparon e hicieron uso de la vía pública”.