Enfrentarse a un posible proceso por lo que puede acarrear el rechazo a una orden judicial, que dispuso el arresto domiciliario de tres personas procesadas, es lo de menos para el arquitecto Hugo Huerta, presidente del directorio de la etapa Bonanova, de la urbanización Terranostra, en la vía a la costa.

Y lo dice tajantemente, al comparar lo que podría pasar a su familia y al resto de los habitantes de las 64 casas que comprenden la etapa, 63 de las cuales se opusieron al ingreso de detenidos, supuestamente en calidad de testigos protegidos.

Una resistencia que alcanzó el apoyo de residentes de otras ciudadelas del sector, tras la publicación de un video que se hizo viral en redes sociales y que recoge el momento en que arribaba un piquete de policías, para dar cumplimiento a una orden judicial, la mañana del miércoles 9 de febrero.

“Preferimos eso a tener a testigos protegidos dentro de nuestra ciudadela, porque es muy peligroso (...) podrían entrar donde estén alojados y matar a cualquiera”, señala Huerta al recordar el caso de una mujer que fue asesinada en una clínica particular de la ciudad, confundida por otra persona que un día antes le habían dado el alta médica y que ya había sufrido un intento de asesinato.

EXPRESO consultó a la Fiscalía General del Estado para confirmar el estado de esos procesados y qué medidas o procedimientos han tomado al respecto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, pero se indicó que están analizando el caso desde la fiscalía correspondiente y del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.

Pero qué podrían enfrentar los moradores por ese rechazo a una orden judicial. Un fiscal, a quien se reserva su identidad, explica que los residentes podrían enfrentar un proceso por el incumplimiento de esa disposición, aunque su reclamo sea justo, pero se tiene que analizar bien la situación.

Mientras, el abogado Julio César Cueva, experto en Derecho Penal, sostiene que no habría ningún incumplimiento de orden de autoridad competente, porque la orden no está dirigida a los dirigentes ni a la ciudadela. Tampoco un delito de ataque y resistencia, porque no faltaron a la policía. “Podrían alegar defensa del derecho a la resistencia (...) ya es un asunto entre privados, los de la ciudadela y la dueña de la vivienda”, explica el jurista.

Huerta sostiene que no se oponen a la intención de una vecina de alquilar su vivienda, pero sí rechazan la finalidad de su uso. “Los estatutos permiten el alquiler con fines de habitación, es residencial, es decir, no se puede poner negocios, oficinas. La ciudadela se ampara en que el motivo del alquiler de la casa no era plenamente para habitación, era para cumplir con el arresto domiciliario para esas personas y para los policías (...) cómo es posible que alguien que no vive aquí venga a hacer arresto domiciliario, debe hacerlo en su casa. Es distinto que sea un residente”, analiza Huerta. De allí que pondera la seguridad tanto de los menores de edad, como de los adultos mayores; y, en general, de todos los residentes, no solo de esa urbanización sino como lo pide toda la ciudadanía.

Para Carlos Pástenes, integrante de la Federación de Urbanizaciones Vía a la Costa, “el tema es inquietante, no desde la vista discriminatoria porque cualquiera puede estar en esa situación; es desde el punto de vista seguridad”, donde dice hay un problema desde el momento que ven a un policía afuera de una casa y el movimiento que genera esa situación, “peor si son testigos protegidos”.

Desvela que los guardias de seguridad que contratan en las ciudadelas tienen sus límites. “Ellos no pueden disparar, desenfundar el arma (...) los únicos que pueden disparar son los policías y, aun así, resultan presos”, comenta al sostener que hay mucha inquietud en todas las ciudadelas por los casos que se han dado. “Nos preocupa por la vulnerabilidad, la seguridad. Que se presente un tiroteo cerca de un parque donde estén niños o que alguien pase por el sitio donde están los policías cumpliendo el resguardo”, dice.

Respaldado por sus vecinos, Huerta asegura que no permitirán que les “roben” esa paz y tranquilidad que han tenido con esfuerzo y no consentirán que personas ajenas ingresen para esos fines, así sea en calidad de testigos protegidos.

El jueves 10 de febrero, los residentes de Bonanova regresaron a su habitual tranquilidad, pero se mantiene la expectativa de dónde, finalmente, cumplirán el arresto un total de seis procesados.