Los miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) no se oponen a la presencialidad, siempre que existan las debidas garantías para que puedan educar, algo que -advierten- no se ha estado dando.

“Queremos que garanticen la vida de los estudiantes y los maestros, y que el Ministerio de Educación no improvise más. Hoy con el retorno a clases, bajo las circunstancias en las que se encuentran varios planteles, corremos peligro. Por eso exigimos también que la educación sea declarada en emergencia. Necesitamos que se destinen ya los recursos necesarios a la inseguridad. Urge que tengamos, solo por citar un caso, la debida estructura para educar”, señaló este 25 de enero María Eugenia Rodríguez, vicepresidenta nacional de la UNE, en una rueda de prensa en la que los miembros alzaron la voz para exigir al Gobierno Nacional atención.

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Que pese a las denuncias que ya desde el año pasado han venido haciendo, aseguró Rodríguez, no han recibido ningún tipo de ayuda, pero que no van a esperar a que su vida se ponga en riesgo para actuar. “Las autoridades han querido taparse los oídos y los ojos para no ver ni escuchar los reclamos en torno a la forma inhumada en la que trabajamos y a lo que nos exponemos. Son 186 docentes a nivel nacional los que han sido extorsionados”, sentenció Rodríguez; que exigió al Gobierno que se pronuncie y se haga presente con acciones. “No promesas, eso ya no. Nunca más”, precisó.

Según explicó Hilario Beltrán, presidente de la UNE Guayas, llegó la hora de parar las arbitrariedades que por años han venido enfrentando. “Nunca hemos enfrentado niveles tan altos de violencia y aún así, pese a las denuncias realizadas, Educación no tiene una planificación para resguardarnos. No hay protocolo no hay nada”, argumentó.

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A esperas de una respuesta o acciones por parte del presidente Daniel Noboa, la UNE está articulando acciones con la Fiscalía, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, entidades a las que ha pedido a la par declarar en estado de emergencia a la educación pública. “Queremos que tomen en cuenta la propuesta que hicimos ya el 22 de diciembre al ministro de Educación, solicitando mejoras urgentes para el sistema”, dijo Beltrán.

En el documento, el gremio ha detallado cuáles son los modelos educativos y protocolos idóneos a seguir incluso para presentar las denuncias frente a los delitos de amenaza o extorsión, y cuál es esa hoja de ruta que les permitirá ser el blanco de los delincuentes. “Llegó la hora de que todo cambie. Y es que resulta inconcebible que pese a todas las denuncias que se han hecho por las amenazas que los docentes han recibido, no haya seguimiento ni procesos en curso. Esa actitud ha sido inhumana. Hoy la fiscal Diana Salazar se ha comprometido ha recibirlas y seguir los casos”, sentenció Beltrán.

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