“Si ellos no tienen misericordia ni pena con nosotros, pues tampoco la tendremos con ellos”. Así resume Ingrid Carrera, líder barrial de Sauces 1, la postura de todo el vecindario, que se cansó de sufrir y ver tantos robos y asaltos en esta y otras zonas de Guayaquil. Asegura que se unirán a otros barrios que también decidieron enfrentar a la delincuencia que sofoca a la urbe.

La Perla del Pacífico dejó esa pasividad y se convirtió en una de las ciudades más violentas del Ecuador, con un alto índice de delincuencia común y asesinatos. La Zona 8 (que además de Guayaquil comprende Durán y Samborondón) al 15 de junio del presente año registraba 1.127 crímenes, es decir 493 más de los registrados en el mismo periodo de 2022, que cerró el año con 1.537 muertes violentas.

La situación ha llevado a algunos barrios o ciudadanos a responder con la misma violencia contra aquellos que pretenden despojarlos de sus pertenencias y hasta de la vida. Uno de los últimos hechos quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, pasada la medianoche del jueves, en el que se observa a un hombre atado a un poste de luz en un sector del sur de la ciudad, mientras otra persona cuestiona sus actividades ilícitas. El pasado fin de semana también se hizo viral un video que mostraba la caída de un individuo desde el interior de un bus urbano, aparentemente luego de ser linchado tras un intento de robo a los pasajeros.

“Ya estamos cansados de que nos roben. Como vecindario estamos dispuestos a responder ante los ataques delincuenciales”, dice enérgica Carrera, quien comparte un video en el que se ve cómo un hombre acompañado de un menor de edad (5 años aproximadamente) se roba unas lámparas del jardín de su casa. “Yo me percaté y corrí tras de él y lo alcancé. Sinceramente, no me importó si llegaba o no la policía. Yo ya estoy cansada de esto. Cuando lo agarramos, él decía que se dedicaba a vender caramelos, pero vimos que en su mochila cargaba un cuchillo enorme como para matar chanchos”, cuenta la mujer, quien reprocha que nunca llegó la policía, por lo que junto con un grupo de vecinos decidieron hacer ‘justicia’ propia.

Los hechos muestran un evidente hartazgo de la comunidad ante una “orfandad de justicia”, a decir del sociólogo Carlos Tutivén, quien explica que esas reacciones podrían enmarcarse en dos planos: el sociológico y el psicológico social.

“En el plano sociológico, lo que podemos decir es que se siente una cierta orfandad institucional. O si se ven los esfuerzos que hace el Gobierno, la Policía, el Ejército, estos no llegan a cubrir la demanda de seguridad”. Entonces “el sujeto, los colectivos sociales, la ciudadanía percibimos que hay una cierta orfandad o una impotencia, por la cantidad y las agresiones de la delincuencia, como para poder reprimirla, repelerla y protegernos”, analiza el profesional.

Y aunque exista un mayor número de policías (y a pesar de los estados de excepción), la ironía es que aumentan los índices delincuenciales, señala Tutivén. Esas grandes fallas institucionales, añade, “llevan a que el sujeto responda cuando ya se ve acorralado, impotente, cuando ya se siente indignado... sale una fuerza más allá de lo normal y responde en términos de una defensa legítima con todos los riesgos del caso; eso ya está en el orden psicológico: armarse de fuerza y de valor para responder, porque los otros dispositivos no están funcionando”.

Pero esa indignación va más allá. “Es ver que los delincuentes que logran atrapar, después terminan saliendo, descargados de toda culpabilidad de ciertos jueces corruptos”.

El docente y abogado Juan Jiménez considera que esa reacción se da “por un instinto de supervivencia, porque la gente sabe que en cualquier momento, ya sean los vacunadores, extorsionadores o quienes quieren robarles sus pertenencias, saben que no solamente van a robar sino a actuar de manera deliberada con una pistola y revólver para privarlo a uno de la vida”.

El éxito no está en llenar el país de policías, opina. En Durán, por ejemplo, recuerda que en pleno estado de excepción mataron a un fiscal y un alcalde recién electo fue víctima de un atentado criminal.

Desde el punto de vista del Derecho, añade Jiménez, no debería existir aquello porque existen operadores de justicia, un sistema de justicia, Policía encargada de la seguridad ciudadana y un Estado que debe castigar los delitos. “En teoría, la ciudadanía no debería tomar la justicia por sus propias manos, pero vemos que desafortunadamente estamos cayendo en esa mala práctica... que puede hasta desatar una guerra civil”.

Raúl Jaramillo, residente de la octava etapa de la Alborada, comenta que hace unas semanas el barrio se unió para darle “una paliza” a un hombre que robó un celular, justamente por ese hartazgo de ver que la delincuencia sigue campante. Señala que piensan colocar un cartel al ingreso del sector, advirtiendo que “tomarán justicia por su propia cuenta” en caso de que alguien intente cometer algún delito.