La ola de inseguridad golpea a una Guayaquil que tiene más vecindarios encerrados. Rejas por allí, portones por allá, pero alrededor de los barrotes emergen posturas divididas entre residentes: unos a favor y otros en contra. Sin embargo, hasta ahora no existe una ordenanza municipal que avale estas instalaciones. Esto lo reconoce la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio, que ya ‘cocina’ una norma que prevé entrar en vigencia en diciembre, pero hasta eso el director sugiere que las estructuras se “guarden” y los barrios se vayan organizando como gremios.

Los casos más recientes de las instalaciones, en algunos contó a la polémica como protagonista, se han registrado en ciudadelas como Miraflores, Urdenor y Los Ceibos. Precisamente en este último punto se observa en estructuras el sello municipal de ‘obras paralizadas’: rejas que no se colocaron por completo en la vía.

Al respecto, Renate Schenker, presidenta del comité Los Ceibos, cuenta que los moradores se reunieron con funcionarios municipales, quienes les dieron “pautas para hacer (la colocación) bien”. “No es así a la locura poner rejas, tenemos que esperar la ordenanza y con esas pautas después se puede hacer un cerramiento bien hecho...”, argumenta la líder comunitaria.

En un recorrido por el lugar se constató que en diferentes calles se han puesto puertas, algunas cuentan con sistemas (cámaras, identificadores) más sofisticados de otras. En tanto, las que tienen los sellos están en la conexión con la avenida Del Bombero, una de las principales del barrio. A lo largo de esa vía es notorio que hay rejas que fueron colocadas hace años, mientras que otras tienen poco tiempo.

Ahora bien, los barrios y ciudadelas de Guayaquil llevan más de 20 años colocando rejas, ya sea en las peatonales o vehiculares. Pero a juicio de Shuber Urgilés, el director de Justicia y Vigilancia, la diferencia ahora es que se le está “tomando cartas en el asunto” y pretende llegar a acuerdos para permitir las instalaciones, de ser el caso.

El camino tiene dificultades. Esto, pues hay personas que, dice, se hacen pasar por presidentes o representantes de dicho sector y no lo son. No obstante, más allá de que sean o no líderes, son moradores de un vecindario que ven en las rejas una medida para blindarse y cuestionan por qué, entonces, no se han retirado las estructuras que llevan más de dos décadas.

Al consultarle sobre esto último, así como si la dirección que representa procede solo si existe una denuncia (así sea que de 99 vecinos uno no esté de acuerdo), Urgilés contestó que se actúa tanto de oficio o por denuncia, y que las quejas han existido desde hace tiempo, solo que ahora “se le está dando atención”.

Desveló que desde agosto aumentaron dichas denuncias. “Las denuncias han existido, están documentadas, pero no se tomaba ninguna acción. No es ir a romper, dañar; no es el actuar de la actual administración, todo lo contrario, la socialización. A raíz de esas denuncias, es precisamente eso: guarda tu estructura, te explico cuál es el procedimiento, adelanta el procedimiento y regularicémonos”, explicó.

Es por esto que, en lo que resta de días para que salga la normativa, el Municipio espera que los barrios se constituyan como gremios para luego determinar, según las zonas o vías, los horarios fijos. Posiblemente sea de 08:00 a 17:00 y, en el margen de que no permanezcan abiertas, haya un responsable en cada puerta, continuó Urgilés.

En tanto, los sellos de “paralización de obra” también se han estampado en otros sectores que han intentado colocar las puertas, como es el caso de Urdenor 1, en el norte de la ciudad. Ahí, así como EXPRESO publicó hace pocos días, están en los fierros, mientras que a unos metros la calzada tiene huecos ya que, en estos, se iban a colocar las bases.

La ciudadanía está atenta al desenlace que arroje el Municipio en torno a este tema, uno de los más controversiales en los vecindarios.

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