
El año en que todo se disparó: Guayaquil triplicó procesos por maltrato animal
Guayaquil acumula 667 expedientes por maltrato animal en tres años; activistas advierten que las sanciones no bastan
Los videos circularon durante días. Perros muertos, denuncias de envenenamiento y señalamientos contra camaroneras asentadas en la Isla Puná. En enero pasado, un presunto caso de maltrato animal en este sector volvió a sacudir a Guayaquil y encendió la indignación en redes sociales, hasta que la presión pública empujó al Municipio a realizar una inspección en Puná Viejo, una zona donde operan varias empresas acuícolas.
El episodio no fue aislado. Se convirtió en otra muestra de un patrón que se repite en la ciudad: el maltrato animal suele entrar en la agenda solo cuando estalla en redes. A partir de allí, las denuncias empiezan a transformarse en procesos administrativos, como hoy defiende el Cabildo.
Entre 2023 y 2026, según se lee en el informe emitido ayer por la Comisaría Animal, esta entidad abrió 667 expedientes administrativos por presuntas infracciones relacionadas con animales de compañía. Para el Municipio, la cifra evidencia un mayor control; para colectivos y ciudadanos, es también el reflejo de una violencia persistente que durante años avanzó sin respuesta. “Que haya más procesos no significa que el problema esté resuelto. Falta muchísimo por hacer”, coinciden activistas y rescatistas guayaquileños.
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El año en que todo se disparó
Los números muestran un quiebre en 2025, cuando se iniciaron 388 procesos administrativos, más del triple de los registrados en 2024 (120 expedientes) y casi tres veces más que en 2023, que cerró con 135 casos.
Pero detrás de las cifras hay escenas conocidas. Como ha publicado en reiteradas ocasiones EXPRESO, los expedientes recogen perros encadenados, animales abandonados, hacinados, viviendo entre desechos, ataques, negligencia veterinaria y muertes. Casos que durante años se diluyeron entre denuncias sin seguimiento y que ahora, al menos en el papel, avanzan hacia investigaciones administrativas con inspecciones e informes.

Multas que no siempre disuaden
La ordenanza municipal clasifica el maltrato animal en infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que van de 1 a 10 Salarios Básicos Unificados (SBU), según la gravedad del hecho.
Las faltas incluyen desde condiciones antihigiénicas y descuido básico hasta abandono, crueldad extrema o la muerte del animal. Sin embargo, colectivos animalistas cuestionan si las sanciones actuales son suficientes para frenar conductas que se repiten una y otra vez en distintos sectores de la ciudad.
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A Nathalia Carvajal, rescatista guayaquileña, le parece idóneo que una de las penas incluya cárcel, y no por días, sino por al menos dos años. “Hay casos de violación hacia los animales; hay denuncias de que los queman, los hieren, los arrastran y abandonan. ¿Sanciones económicas o cárcel por poco tiempo? Nunca será suficiente. El Código Orgánico Integral Penal establece cárcel, pero solo cuando el caso avanza por la Fiscalía, y eso no siempre pasa porque aún hay muchas trabas. Las ordenanzas, por lo tanto, deben endurecerse para facilitar el proceso y hallar nuevos caminos. Esas son alertas de violencia incluso para la sociedad. Que Guayaquil esté avanzando en este tema es indudable, pero aún estamos en pañales. Hay que ser más severos. Es una urgencia”, sostiene.
¿Más denuncias o el mismo problema de siempre?
Desde el Municipio insisten en que el aumento de expedientes no implica necesariamente más maltrato, sino más denuncias y decisiones administrativas. Pero los casos que estallan en redes —como el de Puná— muestran otra cara del problema.
“Muchas intervenciones llegan tarde. Primero está el video, luego la indignación y recién después la inspección”, señala Camila Ludeña, activista guayaquileña. La reacción, dice, sigue siendo posterior al daño, no preventiva.
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“Guayaquil tiene registros, denuncias y una llamada ‘data animal’, pero aún carece de un enfoque urbano que incorpore la protección animal como parte de la planificación de la ciudad y no solo como una respuesta punitiva cuando el caso ya se volvió viral. Tener cifras y actuar es positivo, pero podemos hacer más. Este tipo de crueldad o de protección animal es también el reflejo de lo que somos como sociedad”, añadió.
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