Organizaciones por los derechos humanos alertan de posibles abusos en toque de queda

Las organizaciones de derechos humanos en Ecuador advirtieron sobre posibles abusos durante el estado de excepción vigente, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 329 que impone restricciones de movilidad y toque de queda en varias provincias del país. El pronunciamiento fue difundido el 15 de marzo de 2026.

El documento señala que las medidas aplican en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, con limitaciones entre las 23:00 y las 05:00. Además, se enmarca en un contexto de prolongación de estados de excepción y denuncias reiteradas de violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones también cuestionan el discurso oficial en materia de seguridad, especialmente por advertencias como “el ataque será fuerte” y “no queremos víctimas colaterales”, al considerar que este tipo de mensajes puede generar preocupación en la ciudadanía.

Estado de excepción en Ecuador: advertencias y contexto

El pronunciamiento recuerda que los estados de excepción no suspenden derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. En ese sentido, citan que la Constitución es clara en prohibir afectaciones a estos derechos incluso en contextos extraordinarios.

También mencionan decisiones recientes de la Corte Constitucional que refuerzan esta posición. Según el documento, cualquier actuación estatal que vulnere estos derechos podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios involucrados.

Las organizaciones enfatizan que el estado de excepción “no es carta blanca para la vulneración de derechos”, y recuerdan casos judiciales recientes en los que se sancionó a agentes estatales por abusos durante operativos.

Responsabilidad de funcionarios y uso de la fuerza

El texto subraya que las y los servidores públicos son responsables por cualquier abuso o delito cometido durante el ejercicio de sus funciones. Esto incluye actuaciones realizadas en el marco del estado de excepción.

En cuanto a operativos, advierten que los allanamientos sin orden judicial deben estar debidamente justificados y documentados. Además, recalcan que “los allanamientos preventivos están prohibidos” y que toda intervención debe respetar la dignidad de las personas.

También se establece que las autoridades deben informar de manera inmediata los motivos de cualquier allanamiento. En caso contrario, las personas afectadas pueden acudir a instancias como la Defensoría del Pueblo para denunciar irregularidades.

Detenciones, denuncias y límites legales

Las organizaciones insisten en que toda detención debe respetar el debido proceso y ser puesta de inmediato a órdenes de la autoridad competente. Alertan que sustraer a personas de ese proceso puede derivar en graves violaciones de derechos humanos.

Además, recuerdan que las víctimas de abusos tienen derecho a acudir a la Fiscalía para presentar denuncias y recibir valoración médica legal. La institución está obligada a receptar estos casos en contextos de flagrancia.

Otro punto clave es que las Fuerzas Armadas no pueden actuar sin la presencia de personal policial. De ocurrir, los ciudadanos pueden denunciar estos hechos para que sean documentados y analizados conforme a la ley.

Uso de la fuerza y advertencias a las autoridades

El pronunciamiento es enfático al señalar que en ningún caso se puede usar fuerza letal por incumplir el toque de queda. “Hacerlo puede configurar ejecución extrajudicial”, advierten las organizaciones.

También precisan que el uso de la fuerza letal solo es permitido en casos de riesgo inminente, es decir, ante una amenaza real y actual de muerte o lesiones graves. Cualquier otro escenario sería ilegal.

Las organizaciones hacen un llamado a los agentes estatales a actuar conforme a la Constitución y advierten que no se puede justificar abusos bajo argumentos como “obediencia debida” o “conflicto armado interno”.

Exigencias institucionales y llamado a control constitucional

El documento también exige a la Defensoría del Pueblo que cumpla su rol de vigilancia y protección de derechos, especialmente frente a posibles excesos en operativos de seguridad.

Asimismo, solicitan a la Fiscalía General del Estado que se pronuncie sobre declaraciones oficiales relacionadas con posibles “daños colaterales”, al considerar que en derechos humanos no existen tales categorías.

Finalmente, piden a la Corte Constitucional que evalúe el riesgo en el que se encuentra la población civil ante la prolongación de estados de excepción y el contexto de seguridad actual.

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