Sistema de justicia en Ecuador: ¿por qué no logra independencia 'real'?, según la ONU

La independencia judicial en Ecuador no se ha materializado en la práctica desde 1998. Así lo advirtió Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, en una entrevista con Ecuavisa. Su análisis se basa en información recibida dentro de su mandato, no en una visita oficial al país.

La experta explicó que el principal obstáculo es la intimidación persistente contra jueces y fiscales. Estos riesgos se concentran en casos de corrupción y crimen organizado. “Las amenazas y ataques reiterados hacen extremadamente difícil sostener una independencia real”, señaló.

Según Satterthwaite, cuando el miedo entra a los tribunales, la justicia pierde margen de acción. Las decisiones dejan de responder solo a la ley y los hechos. El resultado es un sistema vulnerable frente a presiones externas.

Estándares internacionales y una brecha evidente

La relatora recordó que las buenas prácticas internacionales exigen seguridad física y respeto institucional. Los jueces deben fallar sin intimidaciones, amenazas ni interferencias políticas. En esos dos frentes, dijo, Ecuador enfrenta “serias preocupaciones”.

Uno de los focos críticos es la violencia contra operadores de justicia. Jueces y fiscales han sido blanco de amenazas por investigar redes criminales y hechos de corrupción. Estas condiciones, advirtió, “socavan directamente la capacidad del sistema”.

Otro elemento es la deslegitimación pública desde el poder. Satterthwaite alertó sobre declaraciones de altos funcionarios que desacreditan fallos judiciales. “Presentar a los jueces como obstáculos para la seguridad es incompatible con la separación de poderes”, afirmó.

Un problema estructural que no se resuelve a medias

Para la ONU, el problema no tiene una sola causa. Existen fallas estructurales, como la falta de salvaguardias, combinadas con presiones políticas y criminales. Ambas dimensiones se refuerzan entre sí.

“La información sugiere problemas tanto estructurales como contextuales”, explicó la relatora. Cuando las instituciones no protegen a jueces y fiscales, la mala conducta encuentra espacio. Reformar solo una parte no garantiza cambios duraderos.

Satterthwaite fue clara: sin protección efectiva, denunciar presiones se vuelve un riesgo. El silencio forzado debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana.

Fallas estructurales y contexto de inseguridad

Los estándares internacionales, recordó, son explícitos. Los Estados deben adoptar medidas urgentes para proteger a quienes administran justicia. Esto incluye seguridad física, respaldo institucional y garantías contra represalias.

Los mecanismos de protección deben ser imparciales y contar con financiamiento suficiente. También deben activarse cuando las amenazas provienen de actores poderosos. “La falta de protección pone en riesgo el sistema”, advirtió.

Para la relatora, la independencia judicial no es un privilegio corporativo. “Es una garantía para toda la sociedad”, porque asegura derechos, igualdad ante la ley y límites al poder.

Protección judicial y Estado de derecho

Aunque evitó referirse a políticos específicos, Satterthwaite habló de un patrón global. En muchos países, actores políticos buscan controlar o debilitar a los tribunales. Esto ocurre, sobre todo, cuando la justicia revisa decisiones sensibles del Ejecutivo.

Los tribunales constitucionales y de última instancia suelen ser los principales blancos. La presión aparece como respuesta al control judicial del poder. En ese escenario, los jueces se convierten en objetivos de ataques.

La relatora insistió en que desacreditar a la justicia tiene efectos profundos. Afecta la credibilidad institucional y normaliza la interferencia política.

Captura política y presión sobre los tribunales

Satterthwaite aclaró que no ha realizado investigaciones fácticas en Ecuador. Sin embargo, dijo haber recibido información “creíble” sobre amenazas reiteradas en casos de crimen organizado. El riesgo, señaló, es constante para jueces y fiscales.

Ante este panorama, la cooperación internacional puede ser un apoyo. Puede fortalecer mecanismos de protección y estándares judiciales, siempre respetando la soberanía. Pero subrayó que nada sustituye la voluntad política interna.

“Lo esencial es un compromiso genuino de las autoridades”, afirmó. Sin ese respaldo, cualquier reforma queda en el papel.

Crimen organizado y apoyo internacional

La relatora instó al Estado ecuatoriano a reafirmar públicamente su compromiso con la independencia judicial. Pidió cesar la retórica que deslegitima a jueces y tribunales. En contextos de crisis, dijo, esa responsabilidad es mayor.

Sobre posibles conflictos de intereses en el Consejo de la Judicatura, evitó pronunciarse sobre casos concretos. Pero advirtió que cualquier apariencia de conflicto “socava la confianza pública”. La independencia, dijo, también debe percibirse.

Finalmente, señaló que no existe un único modelo institucional. Si el diseño concentra poder y expone a la justicia a presiones, deben hacerse ajustes. El objetivo es claro: independencia, transparencia y rendición de cuentas.

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