Impacto de las matrículas falsas en la seguridad vial y la criminalidad en Guayaquil
Hallazgo de una red de falsificación de documentos vehiculares destapa cómo este delito fomenta la impunidad y nutre mafias
El reciente desmantelamiento de un centro de operaciones dedicado a la emisión de matrículas vehiculares fraudulentas en el suburbio de Guayaquil ha puesto en evidencia una problemática que trasciende la simple evasión de trámites.
Este ilícito no solo compromete la seguridad vial, sino que también alimenta directamente a las estructuras de la delincuencia organizada y fomenta una cultura de ilegalidad con
consecuencias sociales.
¿Qué pasó?
Durante el operativo del pasado 10 de julio, liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, se incautaron miles de especies y documentos de más de 20 agencias de tránsito del país, revelando una red nacional. "Sacamos a relucir lo que hemos venido diciendo: hay corrupción en los diferentes municipios, a través de sus agencias de tránsito", sentenció el ministro, al señalar que estas prácticas generan ingresos para economías criminales.
El impacto de este fraude es doble. Por un lado, vehículos que no cumplen con las revisiones técnicas circulan libremente, representando un peligro latente en las calles. Por otro, autos robados o utilizados en delitos como secuestros y sicariato pueden ser 'legalizados' a través de estos documentos falsos, obteniendo una apariencia de legitimidad que dificulta su rastreo por parte de las autoridades.
Cálculos detrás del delito
Según el abogado César García, consultado por EXPRESO, las implicaciones legales son severas. "Los agentes de tránsito que se dedican a entregar matrículas falsas, por tratarse de una red, encuadra en un delito de delincuencia organizada dedicada a falsificar documentos públicos", explica. Para ellos, la pena podría ir de 22 a 26 años de prisión, según el artículo 369 del COIP.
En cambio, el ciudadano que a sabiendas utiliza estos papeles adulterados "incurriría en un delito de Falsificación y uso de documento falso, tipificado en el artículo 328 del COIP, que tiene una pena de 5 a 7 años".
arcía considera que quienes acceden a estos servicios ilegales realizan un análisis costo-beneficio. "Evalúan el costo de saltarse de la ley, y como las consecuencias legales son extremadamente improbables, asumen el riesgo por el beneficio que les representa matricular sus vehículos saltándose trámites: ganan tiempo, ahorran dinero", reflexiona el experto.
Esta mentalidad, advierte, es peligrosa porque demuestra un aprovechamiento de la ineficacia del sistema para sancionar. "La impunidad envía el mensaje de que la norma no se encuentra vigente o no se aplica. Si una práctica se replica con frecuencia con resultados sancionatorios casi nulos, las personas optan por delinquir más", afirma García. Esto, a su vez, "intensifica la desconfianza en los otros y reduce cooperación", volviendo a la sociedad más individualista.
Mientras la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil ha negado que los documentos incautados pertenezcan a sus registros, la ciudadanía exige respuestas y controles más estrictos para frenar una industria que pone en jaque la seguridad de todos.
