El gran reto del Estado: combatir a grupos armados

  Guayaquil

El gran reto del Estado: combatir a grupos armados

Análisis académico de Robert Friend, de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo.

Armamento hallado en el cantón Durán, uno de los territorios más peligrosos.
Armamento hallado en el cantón Durán, uno de los territorios más peligrosos.Cortesía.

Un efecto del Acuerdo de Paz del 2016 que puso fin a la guerrilla en Colombia, fue el daño colateral a países vecinos como Ecuador, debido a la feroz pugna de territorio en zonas fronterizas entre bandas criminales transnacionales. Así en 2018 uno de los bloques disidentes, denominado Frente Oliver Sinisterra, secuestró y asesinó a tres integrantes de un equipo periodístico y se lo acusó de detonar, en varias ocasiones, explosivos como el que destruyó el cuartel de Policía de San Lorenzo, Esmeraldas.

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En 2021, las masacres carcelarias de febrero, septiembre y la última de noviembre, sumadas a la misteriosa explosión en el radar del cerro de Montecristi, demuestran que estos grupos armados no solo controlan las fronteras ecuatorianas, sino que atemorizan a los ciudadanos al interior del país.

Ecuador se ha convertido en un país atractivo para estos grupos armados por la fácil distribución de la droga a través de la Ruta del Pacífico y por la alianza con bandas criminales locales, que ha potenciado su control desde las cárceles, el cual se encuentra ahora en disputa. De igual manera, lo endeble y corruptible que se muestra la Fuerza Pública, y el hecho de que Ecuador tenga desde hace muchos años un escenario político propicio para acceder a favores de quienes han aportado económicamente a su lid electoral, lo hacen acreedor a ser considerado como la Nueva Colombia.

El mensaje a la nación del presidente, luego de lo sucedido en la Penitenciaría del Litoral, transmite un diagnóstico claro de lo que enfrenta el Gobierno. Sin embargo, se percibe no saber por dónde comenzar, mermando decisiones y desgastándose en encrucijadas jurídicas que minan el camino. Por lo anterior, me atrevo a esbozar ciertas ideas que pueden ser profundizadas desde el Gobierno, las cuales han sido extraídas de la experiencia colombiana para enfrentar este tipo de crisis:

SeguridadLas amenazas al país no están solamente dentro del territorio. La permeabilidad de las fronteras ha traído problemas de fuera al interior.

Contrainteligencia:

El primer paso es depurar, desde las más altas esferas hasta el último de sus miembros, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y SNAI. Ecuador necesita la mejor versión del general Óscar Naranjo, quien combatió a los carteles de Cali y Medellín, infiltrándose en la inteligencia de su país para identificar a los malos elementos que boicoteaban sus estrategias. De nada sirve traer a los mejores expertos en seguridad si desde lo más sensible del Estado te hacen el ‘harakiri’.

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Militarizar las fronteras y no las cárceles:

El Gobierno debe entender que la guerra es contra el narcotráfico y no contra la Corte Constitucional. Los militares solo pueden actuar en razón del artículo 158 de la Constitución y en casos excepcionales, su participación se ve limitada a la coordinación de la Policía Nacional. Por esta razón, se debe utilizar eficientemente al ejército para que patrulle las poblaciones fronterizas y retirarlo de ese inoficioso papel de bordear el perímetro penitenciario. A la par, la Armada del Ecuador y la Fuerza Aérea deben redoblar operaciones en zonas costeras con la ayuda de más radares, que permitan detectar submarinos y embarcaciones con droga o tráfico de combustible. El Estado tiene que reconformar sus Fuerzas Armadas y reconocer que ya NO es un país de paz.

  • Sin bases militares

Instalar bases militares es inconstitucional; sin embargo, con base en la experiencia colombiana, se pueden implementar cuasi bases militares denominadas ‘long-term or indefinite ground access’, que permiten la colaboración continua de la inteligencia policial y militar en la lucha contra las drogas. Según Sebastián Bitar, autor del libro ‘La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases’, existen acuerdos de cooperación y prácticas de seguridad que permiten que soldados de otros Estados realicen actividades en bases militares anfitrionas, siempre con la coordinación de estas últimas.

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Urge por parte de la SNAI la implementación de un verdadero modelo de rehabilitación que permita clasificar a los privados de libertad por su nivel de criminalidad. Lograrlo, en definitiva, no significa pactar con las mafias carcelarias; ya que, de hacerlo, el Estado accedería a materializar las agendas y demandas de estos grupos criminales.

Finalmente, el Gobierno no solo necesita cabeza fría en la toma de decisiones, sino que además le urge designar autoridades con valor suficiente y convicción para ejecutar decisiones radicales, ya que la experiencia no sirve de mucho si no se tiene el temperamento para enfrentar esta crisis infernal.