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Seis meses de relaciones institucionales con altibajos

Hay fisuras entre el Gobierno y otras entidades estatales. La relación con la Asamblea es tensa. La crisis carcelaria tensó y tendió algunos puentes

CPCCS- Lasso- reunión
El pasado 10 de noviembre una comisión del CPCCS, encabezada por la presidenta Sofía Almeida, se reunió con el presidente Guillermo Lasso.Cortesía

Algunas relaciones tirantes y otras en recomposición. El Gobierno llega a los seis meses de gestión y el desgaste, según las encuestas, no solo se siente en su relación con la ciudadanía. También, las tensiones han ido en aumento con algunas entidades estatales, muchas de las cuales inciden en su trabajo.

La disputa más notable en estos 180 días la ha tenido la Función Ejecutiva con el Legislativo. Aunque las primeras imágenes de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, junto al presidente Guillermo Lasso daban la impresión de que habría un buen arranque, esto se desvaneció en cuestión de semanas.

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El primer golpe, al menos en público, vino del Gobierno que acusó a los asambleístas de obstaculizar sus iniciativas. El punto más álgido se produjo cuando el presidente Lasso llegó a hablar incluso de la muerte cruzada luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) frenó el tratamiento de la Ley Creando Oportunidades.

Cuando la tensión iba en aumento, el mandatario le puso un alto al decir que la muerte cruzada se quede, por ahora, en la Constitución y que optaría por el diálogo para impulsar sus proyectos. Esta suerte de tregua no ha mejorado la relación entre las dos funciones y el Ejecutivo aún brega para impulsar propuestas como la reforma tributaria, cuyo debate empezó ayer.

Otra cisma que no estaba presupuestado es el del Gobierno con la Corte Constitucional (CC). La crisis carcelaria exasperó los desacuerdos cuando el presidente Lasso pidió a los jueces constitucionales que “permitan al Estado cumplir su labor”. Esto a propósito de que la CC resolvió que con el estado de excepción, decretado el pasado 29 de septiembre, los militares solo pueden custodiar el perímetro de las cárceles, pero no su interior. La respuesta fue inmediata. El presidente “está evadiendo sus propias responsabilidades”, respondió la Corte Constitucional.

El 15 de noviembre, Lasso se reunió con varias autoridades en Guayaquil para tratar la masacre en la Penitenciaría del Litoral. A la cita acudió el presidente de la CC, Hernán Salgado y la fricción, según los presentes, continuó. El Gobierno está a la espera del pronunciamiento de los jueces sobre la constitucionalidad del decreto de extensión del estado de excepción, por 30 días, en nueve provincias.

Precisamente este encuentro dio la oportunidad al Ejecutivo de tender puentes con la mayoría de funciones y entidades del Estado para lograr un acuerdo institucional para enfrentar la violencia penitenciaria y la inseguridad ciudadana.

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Con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano central de la denominada Función de Transparencia, las cosas no empezaron bien. Ni bien instalado en Carondelet, el Gobierno empezó a hablar de una consulta popular y una de las potenciales preguntas era la eliminación de este organismo.

La percepción ha ido cambiando en las últimas semanas. A inicio de este mes, la presidenta del organismo Sofía Almeida y otros consejeros hicieron una visita al mandatario. En la crisis carcelaria el CPCCS se comprometió a facilitar y acompañar las mesas de diálogo para la reparación de las víctimas de las matanzas en las prisiones.

Sin embargo, sus integrantes cuestionaron que el presidente no haya incluido en la reunión al defensor de Pueblo designado por el CPCCS, en lugar de Freddy Carrión, pese a que este es el organismo encargado de velar por los derechos humanos y, en este caso, facilitar las reparaciones.