Ecuador enfrenta la peor crisis carcelaria de su historia. Detrás de las masacres, como lo expuso ayer Diario EXPRESO, existen problemáticas que atentan contra el derecho a la dignidad y a la reinserción social. Martha Macías, como exfuncionaria de las cárceles, pasa revista de los porqués de la catástrofe a la que llegó el sistema penitenciario y ofrece entre las soluciones el cambio de personal y la reestructuración del presupuesto destinado al tema. 

“Un individuo que estuvo en la cárcel, que vivió y vive los escenarios de violencia y la falta de rehabilitación, al salir, será un grave problema para la sociedad”, empieza.

¿Qué llevó a que la cárcel de Guayaquil termine en ese nivel de descontrol?

En el Gobierno de Lenín Moreno, se desmembró el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y muchas de las direcciones específicas quedaron de lado. Por ejemplo, las coordinaciones zonales resolvían problemáticas y fiscalizaban las labores de los directores de las diferentes cárceles. Los informes no se iban a Quito, había una comisión de beneficios penitenciarios en Guayaquil.

¿En qué impactó este cambio en lo administrativo?

Recortaron personal, echaron a los técnicos, psicólogos... No hay herramientas para la seguridad, los escáneres llevan años sin funcionar. Hay falencias en la seguridad de cámaras. Las destruyeron los internos. Si se quiere una rehabilitación, hay que invertir. Esa es la problemática. Las políticas públicas están, pero el recorte presupuestario no permite que se ejecuten.

¿Y para los reos, cuál es la consecuencia?

Las extorsiones. Se han dejado de lado los convenios con la academia, culturales y educativos. Frenaron los programas de salud, acabaron poco a poco con la ejecución de todos los ejes de la rehabilitación desde todas sus aristas. Miraron las cárceles bajo una óptica comercial, hicieron de la dignidad un negocio y estas son las consecuencias. Eso solo deriva en resentimiento social. Tienes a personas que saldrán de allí después de haber sido testigos de masacres. Los perfiles de estos individuos serán agresivos y violentos y adictos recaídos. Son hombres sentenciados para toda la vida.

¿Cómo revertir esto?

Echando a un lado la coerción como política sociológica del conflicto. Identificar la problemática, indagar por qué cada persona privada de la libertad se separó del derecho o de la legalidad. Si clasificamos los porqués tendremos a la vista las soluciones.

¿Y esto atañe al personal?

Por supuesto, cada perfil que esté a cargo de las cárceles debe tener capacidad comprobada y experiencia en el tema. No se puede hacer experimento con personas con graves problemas, incluso psiquiátricos, que deber de ser evaluadas y tratadas. Poner cargos por compadrazgo, encargo o política nos tiene así. Hemos perdido la óptica.