El escenario ha empeorado con la sangre derramada en los pasillos de la cárcel de Guayaquil. Para cualquiera es traumatizante levantarse con cuerpos decapitados, baleados o ahorcados en una celda, sí; pero la forma de vivir allí dentro hace mucho más cruenta la guerra entre las bandas que se cuece, y de eso pocos hablan.

Más allá de Fito, de Junior, del difunto JL y compañía, más allá del relato de que hay riña y matanza por liderazgo y territorio, de las obviedades, inoperancias y falta de planes integrales que dejan a la vista las autoridades, para que el mundo sepa de un Ecuador sin ley ni orden, existe un inframundo “lleno de ratas, desaseo, comida que da tristeza y cero garantías de que se cumplan los derechos más fundamentales para los presos”.

Así resume a este Diario la vida tras las rejas la abogada penalista y exdirectora de la Cárcel de Mujeres y de mínima seguridad de Guayaquil Martha Macías, quien vivió de cerca la realidad de las cárceles en 2018, al ser funcionaria.

Para entender este escenario que describe Macías es necesario revisar cifras. El Ministerio de Finanzas ha confirmado a EXPRESO que el presupuesto para el sistema penitenciario pasó de $ 135 millones en 2017 a $ 109 millones este año.

El recorte financiero aplicado en 2019, en el Gobierno de Lenín Moreno, no obstante, dejó una realidad compleja.

Al suprimirse el Ministerio de Justicia, el recién formado Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) empezó con $ 98 millones a atender el sistema penitenciario, pero llegó la pandemia y al siguiente año de aquello solo se asignaron $ 55 millones. En 2021, hubo cerca de $ 95 millones destinados a atender el tema.

Las rendiciones de cuentas (ver infografía inferior) parecen portales de revistas religiosas, donde todos los presos del país aparecen felices en fotografías, en un sistema aparentemente inclusivo y que cuenta con una rehabilitación genuina. En la práctica, al menos para las cárceles de Guayaquil, la realidad es de terror.

La insensibilidad del personal, el desorden administrativo, el abandono de la infraestructura y, entre otros males, los brotes de tifoidea a causa de la insalubridad que Martha Macías pudo ver el tiempo que estuvo dentro son todavía una realidad, de acuerdo a testimonios de familiares de reos a los que EXPRESO tuvo acceso bajo reserva.

Ese escenario de carencias en la estructura administrativa es aprovechada, según los parientes de los detenidos, en negocios clandestinos donde los líderes de las bandas y -presuntamente- los guías penitenciarios hacen de cada servicio o atención particular, un negocio.

“Les dicen personas privadas de libertad, pero no cuentan que también los privan de recreación, educación, trabajo, salud... No tienen nada. Un jabón de baño, para que tengan una idea, cuesta cinco dólares allí. Y para absolutamente todo hay que pagar, hasta para que no les peguen a los presos”, narra Ricardo, padre de un detenido que sobrevivió a la masacre del pasado 13 de julio, donde 62 reos fueron asesinados.

Su hijo fue condenado en 2019 y acusado de asesinato culposo, en el caso del incendio supuestamente provocado de una clínica de adicciones en donde murieron 18 personas. Desde entonces ha intentado que acceda a alguna de las actividades recreativas que tiene la Penitenciaría, pero ha sido imposible.

“Nos dicen que no hay cupo. Tenía la esperanza de que encerrado deje la droga, pero ahora está peor. Pasa en su celda, con miedo, no duerme y yo tampoco”, narra este padre. El día de la revuelta más reciente, se tiró de un tercer piso para salvarse de una bala. “Se le recogió un pumón en la caída”, cuenta. “Y adentro lo tienen sin medicina”.

Tampoco la atención médica es la mejor y si el familiar quiere llevar medicamentos, debe pagar de forma clandestina a algún guía. “No hace mucho tenía un dolor de muela que lo hacía llorar. Estuvo un mes así. Nadie lo atendía”.

Este medio contactó al SNAI para que detalle qué servicios sociales y de rehabilitación están hoy disponibles, así como para hacer llegar esta y otras quejas de familiares, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

La exdirectora de la cárcel de mujeres, Martha Macías, sin embargo, ratifica el testimonio. “Aunque hay cinco ejes que se trabajan: deporte, cultura, educación, trabajo y salud, el presupuesto que destina Finanzas sirve para lo básico: personal, algunas obras... El resto, nos advierten al entrar, debemos lograrlo con autogestión. Ni siquiera teníamos caja chica. Para todo dependíamos de Quito”, cuenta.

De aquello hay registro en el Portal de Compras del SNAI, tanto en procesos, como en régimen especial. Los contratos más cuantiosos de entre 2019 y 2021 son aquellos que apuntan a mantenimiento de parque automotor ($ 300 mil), adquisición de candados ($ 122 mil), una póliza de casi un millón de dólares y otros rubros de ese tipo.

Martha Macías cuenta que es verdad que no todos tienen acceso a los servicios de rehabilitación. “Entran los que pagan. En mi época trabajé para acabar con los testaferros de los pasillos que logré identificar. No es imposible trabajar sin presupuesto, hace falta voluntad política y que se trabaje permanentemente con convenios”, observa.

Lo que pasa en la educación es otro nivel, cuenta. “Llegó un tiempo en que quienes estudiaban ni siquiera estaban registrados en el sistema educativo”.

El mes pasado había 8.167 reos en la Penitenciaría. Las masacres mordisquearon esa cifra pero el hacinamiento sigue siendo de más del 60 %. De allí que ni siquiera las condiciones para dormir sean óptimas.

Victoria S. tiene a su novio en el pabellón 9. Omite los motivos de su encierro, pero cuenta que aún no recibe sentencia. “Lo tienen en el piso, sin colchón. En la celda hay cuatro camas para nueve personas. El Estado no cumple con derechos básicos. La alimentación es intermitente y se condena a enfermos a una muerte lenta”, cuenta. Él tampoco tuvo oportunidad de entrar a ningún programa. “Hasta libros se llevaron”.

En su portal web, el SNAI cuenta que su visión es garantizar la atención integral a personas en conflicto con la ley, a través de los ejes de tratamientos que les permita desarrollar habilidades y destrezas.

Afirma que tiene como misión contribuir a la reducción del cometimiento del delito fomentando las condiciones para una cultura de paz, convivencia segura y reinserción social en la población penitenciaria y que su objetivo es construir un sistema de rehabilitación y reinserción humano eficiente.

El Gobierno anunció el jueves que gestiona un préstamo por $ 45 millones para la emergencia carcelaria. Otros diez ya fueron desembolsados. Lo único que tiene el SNAI son tareas pendientes.

Diez psicólogos y cuatro trabajadores sociales para más de cinco mil reos

La Comisión de Seguridad de la Asamblea también dedica un apartado de su informe sobre las cárceles a desvelar la situación administrativa de los centros de rehabilitación social.

En lo que respecta a la Penitenciaría, se identifica una sola área de trabajo con expedientes acumulados, archivos deteriorados y con polilla y que el personal no es suficiente para la preparación de expedientes de prelibertad.

Se explica que los funcionarios no cuentan con garantías, seguro de vida ni similares. Se encuentran expuestos. Se advierte falta de recursos básicos de oficina. No hay papel bond ni insumos.

Hay 10 psicólogos y 4 trabajadores sociales para 8.542 reos y los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria carecen de dotación mínima de armas no letales.

No tienen esposas para trasladar a reos hasta el área administrativa desde donde se realizan las audiencias virtuales o hacia el área de salud.

A los asambleístas les dijeron que “solo Dios sabe lo que pasa en los pabellones”

El informe sobre la investigación de la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria, que elaboró la Comisión de Seguridad de la Asamblea, da cuentas de que lo contado por parientes de reos es real, e incluso, peor.

En el documento, de 606 páginas, hay un apartado dedicado a la Penitenciaría del Litoral que desglosa, punto a punto, un recorrido a través del cual se pudo lograr la esquematización, aunque escueta, de la realidad de este centro de reclusión penal.

Además de confirmar un hacinamiento del 62,8 %, se califica al edificio como “una estructura antigua de la década de los años cincuenta, que no presta las condiciones, ni se adecúa a los estándares internacionales”.

En cuanto a las condiciones de vida, se explica que no fue posible identificarlas, pues ni siquiera ellos lograron el ingreso a las celdas. Un guía del lugar, según narra el documento, dijo que “solo Dios sabe lo que pasa en los pabellones”.

Es decir, la comida de los reos se deja solo en la puerta y no se sabe de qué manera se distribuye y bajo qué criterios.

En cuanto a salud, se confirmó a los legisladores que existen casos de tuberculosis y se identificó durante los recorridos “deficiente gestión de desechos”. De hecho, se halló botellas con orina.

Algo parecido ocurre en el centro femenino. Las mujeres privadas de la libertad de un pabellón señalaron que hace mucho tiempo que no les permiten salir a tomar sol.

Además, dijeron que cuando existen amotinamientos no se les da de comer. Sobre aquello, el director de ese momento informó que se debe a que “los proveedores de alimentos temen ingresar y entregar la comida al sitio”.

“El control de los centros de rehabilitación de Guayaquil, a lo interno, lo ejercen las personas privadas de libertad”, sostiene el documento, por eso no fue posible determinar la situación integral.

Informe: “No hay un mínimo intento por asegurar la reinserción social”

Se ha corroborado. Un reciente informe del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, ejecutado tras las matanzas de este año, concluye que “no existe una participación del Estado en la rehabilitación de las personas privadas de libertad”.

El documento, al que tuvo acceso EXPRESO, da cuenta de testimonios de familiares y agentes que hablaron de forma anónima a los activistas que dirige el defensor de los derechos humanos Billy Navarrete.

“No hay un mínimo intento por asegurar la reinserción social a través de políticas penitenciarias. Los centros de rehabilitación que por mandato constitucional el Estado estaba obligado a crear, se mantienen en centros carcelarios donde a través de la política de encierro, exclusión y precarización, no solo vulneran derechos humanos sino que fortalecen los flujos de violencia que se está en la obligación de reducir”, dice el documento.

El equipo pudo entrar y hablar esos días con personal técnico oficial del sistema penitenciario, que de manera anónima entregó información en la cual se ratifica que no hay ningún tipo de control sobre los pabellones.

Se supo, además, que ni siquiera existía una lista real de quienes habitaban antes de las masacres y que dentro los privados de la libertad pueden moverse de un pabellón a otro si así lo quieren.

Las personas allí dentro que tienen entre 18 y 29 años representan el 39,3%.

Invertir, pero hacerlo bien

“Lo relevante de la inversión en cárceles no es el monto, sino la calidad y el cómo a través de esa inyección monetaria se logra atender las necesidades de la población penitenciaria”. Habla a este Diario Rubén Castro, director del Instituto de Criminología Julio Endara. 

De acuerdo a su experiencia, como parte de la asesoría que hace años el Estado pidió a la academia en el tema, el presupuesto de las cárceles “se va en pagar remuneraciones”. Y se queda debiendo en atención de salud, infraestructura y resolución de necesidades básicas.

“Entonces, tenemos cárceles nuevas, pero con mantenimiento escaso, sobre todo en temas de salubridad y atención psicológica, médica, sociológica. En definitiva, de acuerdo a este experto, hablar de cárceles o ser elegido para un cargo de este tipo, sin conocer las dinámicas, es el mayor error del Gobierno.