Interagua propone que se la indemnice sobre el esquema contractual, esto es, diferimiento de inversiones para otro quinquenio, en parte proporcional de la afectación ($ 9,7 millones) o compensación económica por parte del Estado o la entidad concedente. Las secuelas que deja la pandemia a la economía de la concesionaria hace que exija garantías. En contraparte, Gelacio Mora, activista por el derecho al servicio público de calidad, haya otra solución. Quiere, en cambio, que Interagua se vaya de la ciudad.

Ha luchado por las causas justas en torno al tema de los servicios públicos. ¿Cómo toma la petición de Interagua?

Absolutamente desatinada. ¿No son beneficiarios de la infraestructura que pagamos nosotros los usuarios? Es delictuosa la actitud si se tiene en cuenta que prestan un mal servicio. Pide que se retribuyan pérdidas no verificadas. No es ético ni moral que Interagua pida lo que no da.

Emapag se mantiene en que analiza aún el pedido. ¿Cómo ve esa postura?

Emapag es alcahueta de Interagua. No defiende al usuario ni los bienes de la ciudad. Lo que hay que hacer es terminar el plazo de sus servicio y realizar una convocatoria internacional para que una nueva prestadora llegue. Urge que se revise la concesión.

¿Qué lo hace asegurar que urge un cambio?

El pedido de indemnización que hacen atenta contra la seguridad de los ciudadanos. El asunto de la crisis no fue provocada por nosotros, por los guayaquileños. Han sido beneficiarios 20 años. No tenemos que indemnizar nada. 

Que el usuario corra con la indemnización es solo una alternativa, también hay otras, como que sea el Estado quien ponga el dinero.

¿Y quién pone la plata allí? Indirectamente, y no solo Interagua, sino también CNEL y el transporte público, buscan la forma de resarcir sus pérdidas a través del usuario.

¿Y en qué ayudaría una revisión de la concesión?

En que llegue una empresa de fuera a dar un mejor servicio. Por eso la convocatoria debe ser internacional, con tiempo, para que las mejores empresas participen en el concurso. Pasa igual con la transportación ahora mismo. Es idéntico. Quieren diez centavos más con el pésimo servicio que prestan. Saben que no han cumplido con sus compromisos. ¿Con qué derecho aparecen ahora a exigir un alza del pasaje? Una licitación internacional daría por terminada esta alcahuetería. El clientelismo politiquero tiene sumida a la ciudad a capricho de unos cuantos intereses.

¿Y por qué sugiere otra empresa privada y no el mismo Estado, como se hace en algunas ciudades?

Porque el Estado es mal administrador de los bienes ciudadanos. Es preferible concesionar servicios a empresas especializadas que seguir manteniendo el clientelismo. La historia lo demuestra.

¿Qué medidas tomará como líder si esa indemnización solicitada llega a solucionarse con un alza del servicio?

Vamos al arbitraje internacional. No se pueden ceder recursos ciudadanos por el capricho de una empresa que no mejora el servicio. Es plata del pueblo, ganada con sudor y lágrimas. No es así. Y no lo vamos a permitir.