La culpa es de Alexandra Arce, dice Dalton Narváez, alcalde de Durán, de su predecesora, para explicar el panorama apocalíptico de sequía que vive el cantón. Lo que no menciona es que su madre, Mariana Mendieta, fue alcaldesa y que él mismo tuvo una administración antes de que la correísta llegue a la Alcaldía.

A Narváez le reprochan no haber hecho nada antes y le cuestionan no tener una agenda significativa para mejorar el escenario ahora.

“Arce falló, ¿pero qué ha hecho Dalton? Ni siquiera cumple con lo que prometió: darnos agua a los seis meses de haber llegado de nuevo”, se escucha entre vecinos de la ciudadela Maldonado, al norte, una de las zonas más afectadas por el abastecimiento, que debe conformarse con tres días a la semana para coger agua dos horas por cada día, en bomba, y repagar el resto en tanquero.

Repasando la historia. Cuando Narváez recuperó la Alcaldía, en 2019, ya Alexandra Arce había firmado los contratos que se incumplieron y registran sobreprecios; pero desde ese momento hasta hoy pasaron casi dos años en donde no hay mayores hechos que demuestren que hubo mejorías. De ello dan cuenta el plantón en el Municipio por parte de los vecinos de la Maldonado y la 18 de Abril y una denuncia pública, de decenas, que llegó a EXPRESO desde Las Terrazas, cerca de la Primavera 2, una zona adonde hoy solo llega agua en tanquero.

Consciente de esa coyuntura y de esas críticas, el alcalde ha convocado este 21 de abril de 2021 a una rueda de prensa, a las 16:30, para socializar el acuerdo de financiamiento del Plan Choque de Agua Potable, con el que intentará hacer lo que no se hizo hasta ahora.

Con esto, y gracias a una alianza con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), Narváez pretende inyectar $ 80 millones al proyecto del agua potable, que cuesta $ 120. La diferencia, adelanta, la pedirá al Estado.

Sercobe es una organización que acoge a ciento treinta empresas y grupos industriales españolas, que le pide a Durán garantías soberanas para desembolsar el dinero. Narváez espera conseguirlas en el Gobierno de Guillermo Lasso.

Sobre los comentarios de los vecinos, se justifica. “Nosotros no recibimos tanto dinero como Arce. Hice estudios en mi administración. Me iban a dar el crédito; pero me quitaron la oportunidad. Luego ella llegó a la Alcaldía y obtuvo los créditos desde el Estado. ¿Cómo hacer redes de agua potable siendo un alcalde sin financiamiento? Hemos hecho lo humanamente posible para revertir lo que ahora pasa”, contesta.

Hoy, con el Plan Choque adelante, asegura estar solucionando los errores encontrados. El proyecto busca dejar expedita la conducción de agua del Chobo a Durán y eliminar la pérdida de agua no contabilizada, porque ahora el 60 % del agua se pierde por conexiones que no sirven, guías clandestinas y medidores que no se usan, como lo informó este Diario.

Es un rehacer. Y se espera que esta vez tenga un final feliz, pues el cantón pretende lograr la continuidad del servicio. Todo de manera progresiva, con una agenda que incluye planificar la instalación de redes donde no hay. Con este primer financiamiento, se espera empezar en mayo.

El proceso, las críticas, la enardecida actitud de los duraneños se comprende en la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad). Christian Mendoza, gerente, acepta también los comentarios y explica que lo que se busca es que, en tres fases, se revierta el escenario catastrófico que ahora mismo opaca a la distribución del servicio.

Habrá renovación de redes de agua potable de más de 20 años hacia el usuario final, en zonas como Abel Gilbert 1, Centro Vial, Ferroviaria 1, María Piedad, Brisas de Santay, Panorama, entre otras zonas. Además se reparará redes en otros sectores.

La exalcaldesa y ahora asambleísta mantiene silencio en torno a los informes socializados de su proyecto de agua potable. Al respecto, el alcalde Dalton Narváez dice que ella no tiene cómo defenderse.

“En 2014 me amenazó con meterme preso. La invito a decirme si ha hallado algo. Si ella hubiera invertido esos millones de forma honesta y transparente, la gente tendría agua. Perdió una oportunidad histórica”.

Sobre el proceso en Contraloría, se espera un segundo informe que profundice cada gasto no justificado. Se precisa una reauditoría de los dos contratos, para que se devuelva al BEDE el dinero y se establezcan responsabilidades.