En tres endebles cruces de madera, pintadas de color blanco, igual número de maestros fueron atados ayer con sogas, durante una crucifixión simbólica que tuvo como objetivo exigir el pago del sueldo del mes de junio y el reintegro de 10.000 docentes que en abril pasado fueron desvinculados del magisterio fiscal.

A pesar de su problema de hipertensión y del vitiligo (pérdida de pigmentación de la piel) que padece desde hace dos décadas, María Morán Piguave, maestra de 40 años de edad, soportó amarrada en la cruz el resplandor de la mañana y el ruido que sus compañeros realizaban con cacerolas vacías, durante la protesta protagonizada en las afuera del local de la Unión Nacional de Educadores (UNE-Guayas), ubicado en la calle Argentina, entre Carchi y San Martín, en el centro de la ciudad.

Morán fue despedida del magisterio luego de haber laborado durante cinco años en una escuela pública del cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, y de ser considerada elegible dentro de un concurso de mérito y oposición.

“Desde abril no tengo trabajo, tampoco dinero para solventar los gastos del hogar y del tratamiento de mi enfermedad”, cuenta la docente, quien recuerda que hace tres meses le notificaron de su desvinculación del magisterio, justo cuando estaba pasando duros momentos por la COVID-19 que la atacó a ella y a su familia.

“El poco dinero que recibí en ese tiempo lo utilicé para comprar medicamentos. Ahora no tengo nada y la situación está cada día más difícil. No sé cómo voy a subsistir”, se queja la mujer, quien tiene a cargo a un nieto y menciona que hay días en que no le alcanza ni para la leche del menor.

Elena Barreiro, presidenta del Frente de Lucha de Ingreso al Magisterio (FLIM), asegura que dentro de los 10.000 profesores despedidos hay personas vulnerables. “Hemos iniciado una acción de protección para exigir respeto a nuestros derechos. Queremos el reintegro de nuestros compañeros y esperamos tener resultados positivos”, destacó la dirigente, al señalar que el pedido fue realizado en la Defensoría del Pueblo.

En el país existen más de 166.000 docentes fiscales; de ellos, cerca de 80.000 pertenecen al régimen Costa. Esos últimos señalan estar cansados porque desde hace dos meses vienen padeciendo por la impuntualidad en el pago de haberes.

“Somos padres de familia que necesitamos nuestros sueldos puntuales para afrontar la economía de nuestros hogares y para pagar el servicio de Internet de banda ancha que tuvimos que contratar, para impartir las clases virtuales que empezaron desde el 1 de junio”, señala Barreiro.

María Eugenia Rodríguez, presidenta de la UNE Guayaquil, con la ayuda de un megáfono pedía a viva voz “mayor presupuesto para la educación y no para la corrupción”, mientras arengaba a sus compañeros para que apoyen esta consigna. Personal de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se apostó en el lugar para evitar desmanes.

Con gritos y silbatos los maestros exigían a las autoridades de Educación que entreguen dispositivos e Internet gratuito para los estudiantes, muchos de los cuales están recibiendo clases debajo de árboles o en casas ajenas, como lo ha publicado EXPRESO, porque no tienen equipos tecnológicos en sus viviendas.

En la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 55.000 estudiantes que se educan en planteles fiscales. De ellos, el 60 % carece de computadoras y servicio de Internet, según lo han reconocido las propias autoridades.

Debido a la pandemia mundial de COVID-19, niños y adolescentes estudian bajo la modalidad no presencial a través de un aprendizaje en casa, contando con el apoyo de medios de comunicación como radio y televisión, además de la entrega de fichas pedagógicas a quienes no cuentan con conectividad a los medios antes mencionados.

Sobre el pago de sueldo a los docentes, voceros del Ministerio de Educación señalaron que ese es un tema que lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. EXPRESO trasladó la inquietud a los directivos de esta cartera de Estado, quienes dieron a conocer que en las próxima horas se estará acreditando el sueldo a las cuentas de los maestros.

Pero los profesores no creen en esta promesa. Por ello, ratificaron que este jueves 16 de julio realizarán nuevas movilizaciones en el centro de la ciudad. Se concentrarán a las 16:00 en la Plaza del Centenario y desde allí marcharán hasta el malecón Simón Bolívar.

Esta medida formará parte de las jornadas de protesta anunciadas por el Frente Unitario de Trabajadores, en rechazo a la Ley de Apoyo Humanitario que, según anotan, afecta a trabajadores y empleados del país por recortes de sueldos.

El lunes 20 de julio, a las 10:00, llevarán a cabo una nueva crucifixión simbólica en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara (antiguo Makro), donde funciona la Subsecretaría de Educación de la Zona 8, donde intentarán dialogar con la titular de esa dependencia.

EL DETALLE

Problemas. Los maestros dicen estar atrasados en el pago de deudas que mantienen con casas comerciales en las que adquirieron equipos tecnológicos.