Guayaquil

La ciudad niega que la Asamblea la defienda

Los legisladores de los distritos 1, 2 y 3 de Guayas dicen la que seguridad es su prioridad, pero los votantes no ven resultados. Ellos exigen que alcen la voz hasta lograr cambios

Cristo del Consuelo
Vista aérea de casas afectadas en el Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil.EXPRESO

Guayaquil está manchada. El atentado registrado hace 25 días en el Cristo de Consuelo, donde murieron 5 personas y otras 17 quedaron heridas, es solo uno de los escenarios que reflejan lo insegura que está la ciudad. A ese caso se suman los sicariatos, los cuerpos sin vida hallados en el estero, las balaceras de Socio Vivienda 2, donde a punta de fusiles las familias se obligan a dormir bajo las camas. A Guayaquil, que vive un estado de excepción, no hay quien la salve. Y la ciudadanía, que ha reprochado el accionar del Gobierno y la Alcaldía, cuestiona ahora a la Asamblea, a la que tilda de cómplice de la indiferencia.

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¿Por qué no hacen bulla? ¿Por qué no reformar las leyes o plantear, de una vez por todas, penas duras para el menor asesino? ¿Por qué no les duele lo que ven y escuchan?”, recrimina la guayaquileña Vanny Argudo, víctima de un secuestro exprés que la ha motivado a huir del país. “Mi miedo puede más que el amor a mi patria. Ante la parsimonia con la que actúan las autoridades, y meto en el saco a los legisladores, no se puede hacer ya nada”, lamenta.

Sin embargo, 14 de los 15 asambleístas que representan a los distritos 1, 2 y 3 de Guayas (que tocan a Guayaquil) y respondieron a EXPRESO sobre su papel en la lucha contra este problema, rechazan la forma en como los ve el ciudadano. Que el tema es su prioridad y actúan, y que muestra de ello es haber logrado que se apruebe la ley para el uso legítimo de la fuerza, defienden al unísono; aunque hay quienes como Geraldine Weber y Dallyana Passailaigue, del PSC, y Guido Chiriboga, de CREO, que reprochan que desde el Pleno no se haya dado luz verde a las observaciones que a la ley hizo el presidente Guillermo Lasso y apuntaba a extender la facultad del uso progresivo de la fuerza al resto, de entidades de la seguridad ciudadana, lo que a su juicio resultaba indispensable para el cambio.

“La necesidad de que otros cuerpos de seguridad puedan usar armas era imperante. Ahora ha quedado la delincuencia armada y la ciudadanía desprotegida. El cuerpo policial requiere de una reforma íntegra desde sus bases”, precisa Passailaigue, que como Weber hace énfasis en que no es posible ni viable combatir la violencia solo con patrullaje.

Que el Pleno le queda debiendo a la ciudad un apoyo más completo en esta lucha, dice Chiriboga. Que con la debida inversión en capacitación, incluso la CTE y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, sostiene Weber, podría servir de apoyo en las carreteras... “El personal tiene contingente y armas, pero no las pueden usar”, dice la legisladora, que a fin de reconstruir el tejido social rescatando a la sociedad de las drogas, “otro de los factores que incide en la aparición de la delincuencia”, ha propuesto el proyecto de una ley que busca que los hospitales públicos abran sus puertas a los tratamientos de desintoxicación y el establecimiento de alianzas público privadas para la rehabilitación.

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Marcos Molina, legislador de la Izquierda Democrática, se enfoca también en este punto y advierte que está elaborando un proyecto para dar atención a la psicopatía social que afecta a los guayaquileños. A su juicio, la pandemia, sumada a la desatención en salud, empleo y educación (algo que comparten el resto de legisladores, salvo los de CREO, que defienden que sí hay planes para el desarrollo), ha vuelto más violenta a la gente.

Pero para las familias, que este diagnóstico sea público no mejora la realidad. “Nosotros no necesitamos que los legisladores hablen y hablen, sino que actúen. Si ven que una ley es prioritaria, cambien los órdenes del día, cambien todo, incluso el sistema. Pongan sobre la mesa el mismo proyecto, háganlo hasta el cansancio. Si las drogas están acabando con el país, entonces fijen sus ojos a esas normas. Olvídense de las banderas, de sus vacaciones, de los epítetos. Señores, ¿se han puesto a pensar en lo que siente una madre cuando una bala perdida manda a la tumba a su hijo. ¿No les duele el alma? Actúen. Hagan más, no solo lo que dice el papel”, refuta Lídice Condo, habitante del barrio Centenario, donde un menor en octubre pasado perdió la vida a consecuencia de un robo que terminó en un cruce de balas.

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Algunos asambleístas defienden haber solicitado la comparecencia de algunos funcionario.Angelo Chamba / EXPRESO

La bancada por la alianza UNES, que como el resto, dice estar consciente de que situaciones tan dolorosas como estas no deberían repetirse y atribuyen (otra vez, como la mayoría, a excepción de los legisladores de CREO) la ineficacia para mitigar la criminalidad al Ejecutivo, por tener recursos y no destinarlos a las mejoras en educación o salud, “factores indispensables” para rescatar a la sociedad; por su parte, defienden haber intentado proteger al Puerto Principal, solicitando desde 2021 la comparecencia de ministros y funcionarios que han tenido la responsabilidad de tomar las medidas emergentes para aplacar la situación.

Obras mal estado
Skatepark. La pista del Suburbio, en Guayaquil, permanece rayada, con grieta y vacía. Allí solo acuden a beber y consumir drogas.Miguel Canales / EXPRESO

Ronny Aleaga, Ferdinan Álvarez, Sofía Espín y Alexandra Arce citan haber interpelado a la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y al actual ministro del Interior, general Patricio Carrillo, sobre la fallida estrategia de combate y prevención del delito. Gestión, que a decir de Arce, más allá de evidenciar que el Gobierno no cuenta con una Agenda Pública de seguridad, concluyó en resultados que no se han cumplido. “En la comparecencia del ministro del Interior, la Asamblea resolvió que comparezca cada mes en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía para presentar estadísticas de seguridad, pero eso ha quedado en nada”, alerta.

“La incompetencia de quien nos gobierna, por lo tanto, nos ha dejado a merced del terrorismo”, opina Aleaga, quien defiende sí tener como prioridad el tema al alegar que ha ingresado dos proyectos de ley para aportar a la seguridad del transporte público y de los deportistas.

A los asambleístas los veo como aquellas autoridades que solo están, pero no actúan. No me siento representada por ellos, me apena haberlos elegido... Si están ahí, quisiera que luchen más; que les duela realmente ver como una familia se rompa cuando asesinan a una víctima, a causa de un robo o una bala perdida. 

Katie Bermejo,
​habitante de La Garzota
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Asambleístas como Victoria Desintonio, de UNES, y Luis Almeida, del PSC, por su parte, se quejan de que sus propuestas no hayan sido tomadas en cuenta como deberían. “A la inseguridad se la combate con políticas públicas que garanticen un empleo digno. El Ejecutivo vetó una ley que devolvía alivio a los deudores de la banca que están asfixiados por los intereses generados en pandemia. Entonces cómo avanzar...”, refiere Desintonio; mientras que Almeida, como lo ha promulgado antes, critica que los “mismos aliados del Gobierno dentro de la Asamblea” le pongan trabas a su propuesta de garantizar el porte y tenencia de armas. Un planteamiento que en la ciudad genera debate.

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Rejas de la fachada del Colegio Vicente Rocafuerte, en el centro de Guayaquil. Ahí, dueños de negocios se han organizado para detectar a personas sospechosas y avisar a la Policía.Jonathan Palma Lavayen

No sé si la tenencia de armas sea la solución, pero decidan y peleen por la ciudad. Si el Gobierno hace una mala gestión, alcen la voz hasta que al responsable no le quede más remedio que hacer lo correcto. Ustedes pueden decir que hacen mucho, pero nosotros seguimos recibiendo las balas y lo que vemos son figuras que están de adorno. Que nos abandonaron”, señala Catalina Sandy, residente de Sauces 3.

No veo descabellado que se aprueba el porte de armas, pero para ello necesitamos de un análisis minucioso y certero, y eso aquí en Ecuador no se da. Es posible, como pasa en el país con todo, que se compren permisos, y así el proyecto puede terminar en un uso inadecuado, que cause incluso más muertes. 

Augusto Albán,
​habitante de Miraflores

Estoy de acuerdo con que los metropolitanos y agentes de la Aduana se armen como deben. Me duele ver que los criminales hacen y deshacen con nosotros, me duele ver como un policía que actúe en defensa de las familias, termina siendo sentenciado. Hay tanta desigualdad en todo, que mientras el presidente Guillermo Lasso no actúe y los legisladores no alcen la voz, todo seguirá igual. 

Mónica Paredes, 
​habitante de Kennedy Norte
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“Recuperemos la institucionalidad”

Roberto Cuero, de UNES, plantea que debe volver el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que era un ente estadístico que recopilaba las cifras que pasaban por la Fiscalía, las secretarías, comisarías. “Cada miércoles veíamos cuál era nuestra realidad, eso ya no está y funcionó bien. La institucionalidad se desarmó y hay que recuperarla”, piensa.