Caso Goleada: ¿Qué pasará con la Alcaldía de Guayaquil si dictan prisión a Álvarez?
El COOTAD establece la subrogación de funciones. La decisión judicial se conocerá este miércoles 11 de febrero
La incertidumbre administrativa se ha instalado en el Palacio Municipal de Guayaquil. Mientras el juez de la causa del Caso Goleada delibera sobre el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra el alcalde Aquiles Álvarez, la normativa legal ya traza la ruta de sucesión en el Cabildo.
La norma que dicta el COOTAD
Si el magistrado acoge la solicitud fiscal esta tarde (se prevé la resolución vía telemática a las 14:00 de este miércoles 11 de febrero), Álvarez quedaría imposibilitado físicamente de ejercer su cargo cuando expire su licencia sin sueldo que había solicitado un día antes de su detención. Ante este escenario, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) es claro respecto al reemplazo de la autoridad.
El COOTAD, en su artículo 62, establece las atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa. La norma dicta textualmente que es deber de la segunda autoridad del cantón:
"Subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el vicealcalde o vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período".
En este contexto, si se dictamina la prisión preventiva, se configuraría una ausencia temporal por fuerza mayor. Automáticamente, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumiría las funciones ejecutivas y administrativas de la Alcaldía de Guayaquil. No se requiere una nueva elección ni una designación extraordinaria del Concejo; la ley opera de oficio para evitar el vacío de poder.
¿Cuándo es ausencia definitiva?
Es importante precisar que la prisión preventiva es una medida cautelar, no una sentencia. Para que exista una ausencia definitiva que implique la pérdida total del cargo, el artículo 61 del COOTAD señala causales específicas como renuncia, destitución o una sentencia ejecutoriada. Mientras dure el proceso de instrucción fiscal y el juicio, la figura legal se mantiene en el terreno de la ausencia temporal o suspensión, dependiendo de la duración de la medida.
Mientras se define el futuro administrativo de la ciudad, la defensa del alcalde juega sus últimas cartas. Ramiro García, abogado de Álvarez, cuestionó duramente el pedido de prisión preventiva tras la audiencia de formulación de cargos.
Los Álvarez, en la cuerda floja
Según el jurista, la Fiscalía no ha logrado probar el delito de lavado de activos. "Toda la descripción de las conductas que ha hecho Fiscalía son conductas netamente empresariales", sostuvo García, asegurando que los chats y registros presentados son comunicaciones corporativas regulares del sector de combustibles.
La defensa argumenta que no existe riesgo de fuga, dado que el alcalde fue detenido en su domicilio y ha cumplido con presentaciones periódicas en el caso previo (Caso Triple A). Además, advirtió sobre una posible vulneración al principio de non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa), alegando que los hechos investigados ya están judicializados en otro proceso.
La resolución que definirá si Aquiles Álvarez enfrenta el proceso en libertad o desde un centro de privación de libertad se conocerá a partir de las 14:00 de este miércoles 11 de febrero.
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