Caso Ceibos: Municipio pide a jueces revocar el fallo que solicita nuevos peritajes
La Alcaldía alega que el peritaje ambiental es innecesario, pues la obra ya cuenta con un registro vigente
La batalla legal por el paso elevado de Ceibos suma una nueva ofensiva. El Municipio de Guayaquil, a través de su equipo legal, ha solicitado formalmente al Tribunal de Garantías Penales que revoque su propia providencia del 15 de julio, en la cual se admitieron nuevas pruebas ambientales a favor del colectivo ciudadano que se opone a la obra.
¿Qué exactamente pide el Municipio?
En un escrito presentado este 16 de julio, el abogado José Francisco Espinoza Aguirre, en representación del alcalde Aquiles Álvarez, argumenta que la decisión de los jueces de aceptar la práctica de un peritaje ambiental y de solicitar una certificación al Ministerio de Ambiente es impertinente y dilatoria.
La defensa del Municipio se basa en varios puntos. Primero, señala un error de forma en el auto judicial, al indicar que se revoca una providencia de una fecha inexistente en el proceso: el 7 de agosto de 2025.
En el fondo del asunto, el principal argumento es que las pruebas admitidas son innecesarias. El cabildo sostiene que ya se ha reconocido en audiencia que el proyecto no cuenta con una licencia ambiental, precisamente porque no la requiere. Según los documentos presentados, la obra fue calificada por el Ministerio de Ambiente (MAATE) como de "impacto ambiental BAJO" , por lo que únicamente se necesitaba un "Registro Ambiental", el cual, afirman, fue debidamente emitido por la Prefectura del Guayas y se encuentra vigente.
Esto lo confirmó la misma Prefectura días atrás a este Diario.
"No es el accionante quién decide qué tipo de documento ambiental se debe obtener para la realización de la obra pública, sino la autoridad competente", asevera la defensa municipal en el escrito.
Asimismo, el Municipio cuestiona la finalidad de la "actividad pericial" ordenada, preguntando si lo que se pretende es cambiar el impacto ya determinado por la autoridad, "lo cual en estricto derecho no corresponde". Alegan además que ordenar la supervisión del peritaje por parte del Ministerio, sin contar con la participación del Municipio, afecta su derecho a una defensa adecuada
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