
Municipio vs. Gobierno: Usan el ambiente como 'ring' de pelea en Guayaquil
Suspensión de obra en Ceibos revela un patrón de confrontación entre entidades. Analistas cuestionan tintes políticos
La paralización del paso elevado en Los Ceibos destapa un patrón: la disputa entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil vuelve a tener un tinte ambiental.
Estos episodios, que empezaron hace menos de un año, recorren coyunturas desde la recolección de basura hasta la calidad del agua y la posibilidad de que esta tuviera “heces”, como sostuvo el propio presidente de la República en diciembre de 2024. Pero a diferencia de otros casos, esta vez la controversia sí paralizó la obra pública, y la motivación declarada fue una difusa “alarma social” generada en redes sociales.
¿Cuál es la postura del Municipio ante el cierre?

La postura municipal ha sido de un rechazo frontal. El alcalde Aquiles Álvarez afirma que el Cabildo cumplió con todos los requisitos y que la suspensión carece de sustento técnico. Dice que tiene informes (incluso de la propia Prefectura) que no registran infracciones y califica la medida como una “persecución” que frena la inversión y el empleo.
Además admitió estar “dolido” con la prefecta por acatar la orden y cuestionó su falta de autonomía.
“Necesitamos líderes con carácter que defiendan lo que hacen”, sentenció, y advirtió que el episodio compromete la imagen del país ante el ente que otorgó el crédito para la obra, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
¿La 'pelota' estuvo en la cancha de Prefectura?
Desde la otra vereda, la Prefectura del Guayas argumenta que solo tenía una opción. En diálogo con EXPRESO, el procurador síndico, Gunter Morán, y la directora ambiental, María Auxiliadora Jácome, manifestaron que su rol como ente acreditado los obliga a ejecutar la disposición del Ministerio de Ambiente (Maate), pese a que su propio informe técnico no reportó irregularidades.
“Nos toca acatar, no somos un ente dirimente”, dijo Morán y aclaró que decisiones claves como la categorización del proyecto o el permiso para el retiro de 57 árboles fueron competencia directa del Ministerio en Quito.

Mientras la obra queda en el limbo y se planean “mesas de trabajo” con denunciantes aún no identificados, la entidad fue tajante sobre el precedente que esto sienta: la decisión final, sin importar permisos locales, siempre recaerá en la potestad del ente rector nacional.
¿Permisos ambientales como 'herramienta política'?
Consultado sobre los procedimientos en juego, Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente, aclaró primero no estar enterado de todos los detalles del caso, pero opinó sobre los principios. Sostuvo que es elemental que “una denuncia ciudadana tiene que ser comprobada” con un informe técnico ministerial y no solamente con base en publicaciones en redes sociales. “¿Dónde está el informe?”, cuestionó. Desde su perspectiva, es irregular que a un proyecto con permisos vigentes le “cambien las reglas del juego”.

Criticó también la aparente selectividad de las autoridades y advirtió que “sería lamentable que se lo utilice políticamente”, sobre todo cuando no se actúa con la misma celeridad en desastres ambientales mayores, como el derrame de petróleo en Esmeraldas.
"Uso y abuso" de temas ambientales para fines político-particulares
Para el analista político César Febres-Cordero, el conflicto transita por dos vías paralelas: un debate técnico-ambiental y una evidente pelea política. Considera que la falla no está en la actual distribución de competencias entre el Gobierno y los GAD, sino en el “uso y abuso” que los actores políticos hacen de este marco legal para sus propios fines.
A este análisis se suma la politóloga Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, para quien el conflicto tiene un doble trasfondo. Por un lado, una marcada polarización entre el Gobierno (ADN) y el Municipio (RETO/Revolución Ciudadana). Por otro, un aparente error de origen: la falta de una consulta previa a todos los moradores de Ceibos por parte del Cabildo, como exige la normativa para una obra como esa.
Según Endara, el Gobierno central capitalizó este presunto fallo en el debido proceso y usó las demandas ciudadanas como el “medio formal” para “ponerle un alto al Municipio”, utilizando a la Prefectura (teóricamente una aliada política del alcalde) como la ficha para llevar a cabo la suspensión.
Esta dinámica, analiza Endara, deja una pregunta en el aire: si bien la suspensión se siente como una “victoria parcial” para el colectivo que se opuso a la obra, es válido cuestionar si sus demandas fueron genuinamente escuchadas, o si sus reclamos fueron solo la estrategia perfecta para pausar, otra vez, el accionar de un alcalde que es contrincante político.
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