Medardo Mora Solórzano | Negociados con la salud
¡Cuántos nuevos millonarios existen a partir de traficar con la salud de los ecuatorianos!
Si algún servicio debe ser atendido prioritariamente por el Estado es la salud, pues es la que permite vivir. Aquello explica que una persona, cualquiera que sea su situación económica, sacrifica otras necesidades pero se preocupa primero por su salud. Este es el principal drama que viven las personas de la tercera edad o de escasos recursos económicos, con sus legítimos y comprensibles reclamos, al carecer de un suministro confiable y oportuno de medicamentos, lo cual los obliga, con sus limitados ingresos, a proveerse de medicinas para su supervivencia.
En el Ecuador, donde la corrupción galopa desenfrenadamente, repugna conocer que la salud se ha convertido en el principal atractivo de negociados espurios, inhumanos, criminales. Esa es la única conclusión que se saca después de escuchar las mutuas acusaciones que se han hecho dos personas sindicadas e incluso sentenciadas por actos de corrupción, por su detestable tráfico en venta de medicinas o insumos médicos con sobreprecios, innecesarios e incluso caducados, a hospitales del Ministerio de Salud o del Seguro Social. Estas acusaciones son una pequeña muestra de una trama de corrupción que incluye clínicas privadas, médicos u odontólogos, que sobrefacturan o emiten facturas falsas, todo ello en complicidad con funcionarios de los organismos de salud e influencias de actores políticos.
¡Cuántos nuevos millonarios existen a partir de traficar con la salud de los ecuatorianos! Esa actitud merece la mayor condena; nada justifica que se haya hecho de la salud el primer y más rentable nicho de la corrupción que sufre el país.
Ojalá el sainete montado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destape toda la podredumbre almacenada en los bolsillos de quienes se han enriquecido ilícitamente, los delata como indiscutibles artífices del dolor y muerte de incontables ecuatorianos, como los que fallecieron en la pandemia.
Es injustificable que organismos de control, como Contraloría, no hayan percibido esta conducta dolosa que ha causado cuantiosas pérdidas al país, incluyendo la construcción de hospitales con escandalosos sobreprecios.