Las autoridades enmudecen cuando se les pregunta sobre la Aerovía que, como ha denunciado la ciudadanía y han coincidido los expertos en planificación urbana y movilidad consultados por EXPRESO, ha fracaso en su intento de ser usada como un medio de transporte masivo o turístico. Hace 10 días, este Diario publicó un reportaje en el que retrató como, ante la escasa presencia de usuarios, las cabinas que van y vienen de Guayaquil a Durán y viceversa deambulan solas, sobre el río; y frente a ello cuestionó a los funcionarios, pero nadie dijo nada.

Solicitó una entrevista con el director de la Agencia de Tránsito y Movilidad, Roberto Ricaurte, para conocer el número de usuarios que a diario moviliza el sistema y los ingresos que, a la par, deja el servicio; pero desde el Departamento de Comunicación indicaron que la entrevista no sería posible, que solo podría responder a un cuestionario.

Que si considera que la Aerovía, teniendo en cuenta la situación actual, es la obra en la que más dinero se ha despilfarrado, y qué estudios están haciendo para confirmar si es viable que el sistema, de ser turístico, funcione; fueron algunas de las interrogantes que se envió, pero las respuestas no llegaron.

Ayer, este Diario hizo un recordatorio al pedido, pero la entidad lo pasó por alto. Lo mismo sucedió -otra vez- con la Contraloría General del Estado, que desde 2019 no le confirma al abogado y ciudadano guayaquileño Álvaro Luque sobre el pedido que hizo en relación con el mismo tema.

En ese año, cuando la obra estaba aún en construcción, debido a las constantes críticas y alertas en torno a su rentabilidad y la contaminación visual y los daños al patrimonio que causaría, Luque solicitó a la Contraloría que realice un examen especial al proyecto para constatar su factibilidad. Dos años después (y tras una serie de pedidos de información y respuesta a la entidad), en noviembre de 2021, lo llamaron para que reconozca la firma en denuncia y solicitud, pero eso fue todo.

“En ese entonces me dijeron que se haría el informe, pero han pasado ya seis meses y no sé nada. En mi derecho como ciudadano, hice mi denuncia y ellos la recibieron, porque sí, en efecto, me preocupa que pasen otros dos años sin conocer el resultado de esa acción de control. Guayaquil no puede ser burlada por una obra mal concebida, costosa y que, así cómo van las cosas, va a afectar a los guayaquileños, que somos los que tendremos que pagar los errores de esa contratación”, precisó Luque.

En otro intento de saber cómo va el proceso o si el examen se hizo o se realizará y cuándo, EXPRESO pidió una entrevista con el director provincial de la Contraloría, pero la solicitud no fue contestada.

Pero este silencio que la comunidad critica, a juicio de los profesionales en temas de movilidad y teleféricos, responde a que las cifras esconden una realidad decadente, a la que se suma la falta de un plan y estudios que indiquen cuál es la ruta a seguir para revertir ese “evidente fracaso”.

Que el “silencio de la Contraloría es un ruido escandaloso”, dijo al respecto el experto en transporte por cables y movilidad, que se contactó con la Redacción tras la publicación realizada, y pidió la reserva de su nombre, por seguridad. El profesional, cuyas empresas a las que representa han participado en la construcción de innumerables proyectos de este tipo en el mundo, hizo énfasis en la necesidad de que la obra sea sometida a una auditoría internacional independiente.

“En vista de la inacción de la Contraloría y de las mismas autoridades locales, hay que solicitar ya una auditoría técnica y económica para saber al pie de la letra cuánto costó y cuánto genera de ingresos la Aerovía. Y es que la obra, tomando como referencia lo que cuesta levantarlas en otros países, ha duplicado sus valores. El promedio razonable por kilómetro en el mundo, independiente de cuántas cabinas tenga en el trayecto, es de $ 10 a $ 15 millones. La aerovía mide 4 kilómetros, entonces saquemos las cuentas”, señaló el profesional, que quisiera entender con base en qué la estructura, según las cifras oficiales, superó los $ 114 millones.

“Ni siquiera por los pilotajes que colocaron en el río tuvo que duplicarse”, agregó, al hacer hincapié en que solo en Guayaquil, el sistema no ha despuntado.

Él pone como referencia a los teleféricos y aerovías construidas en México, Colombia, Venezuela y Bolivia, todos con fines de transporte público y no turístico, y señaló que funcionan. “Solo en Pereira, una de las ciudades de Colombia donde existe el proyecto, este va de tumbo en tumbo, pero porque fue mal pensado desde un inicio. Allí, a diferencia de Cali, Manizales, Bogotá, Medellín, la ubicación de las estaciones no fue la idónea. Algo similar a lo que pasó con Guayaquil”, sentenció.

Para el máster en Transporte y Movilidad, Carlos Salvatierra, los estudios completos, los informes, pagos, actas de recepción y toda la información que acompañe a un proceso de este tipo debe estar al servicio de cualquier espectador que desee realizar o conocer de algún proceso en particular.

“Por ejercicio sano de transparencia, libre y voluntaria, la institución debe autoconvocar, sí, autoconvocar, una evaluación de este proyecto para la tranquilidad de la opinión pública”, destacó.

No obstante, Salvatierra pone en el juego también a los concejales, quienes -dijo- siendo la representación democrática de un colectivo ciudadano deben transmitir a las instituciones respectivas esas preocupaciones, con el fin de que la administración pública del recurso sea transparente.

“A mí me duele ver que quienes elegimos se duermen en los temas que nos afectan, que son prioritarios. ¿Por qué ellos no exigen también que se haga un informe? ¿Por qué no piden ellos la auditoría? ¿Por qué no fiscalizan nada? Si todos vemos ahí una mole sin funcionar. ¿Entonces qué vamos a esperar? Que sea un adorno sobre el río”, se quejó la ciudadana y arquitecta Doménica Santander, habitante de la calle Panamá, que pese a la cercanía de una de las estaciones -la de Cuatro Mosqueteros- solo una vez ha utilizado el servicio y por novedad. “Pensé hacerlo por turismo, lamentablemente, lo único que vi fue el sedimento sobre el río”, lamentó.

Proyección: Los gastos promedio por mes

Basados en su experiencia, los expertos consultados advierten que la obra debe generar el 5 % anual del costo total de la obra para lograr, al menos, cubrir los gastos de operación y mantenimiento. “Si ponemos como base que la Aerovía costó $ 100 millones, aunque es mucho más, lo que se requiere es un promedio de $ 5 millones al año, lo que corresponde a $ 416.000 por mes para cubrir esos rubros. ¿Lo está consiguiendo? No lo sabemos. No sabemos nada. De allí que urge conocer cuáles son las estadísticas, para saber cómo actuar, qué hacer”, precisó el experto en la construcción de teleféricos.

El planificador urbano Johnny Cóndor, aunque coincide con esta opinión, recuerda que rara vez en Guayaquil las obras son auditadas, por lo que cree que esta vez habrá una excepción solo si la ciudadanía se mantiene en el hecho de cuestionar al sistema y lo que deberá pagar a futuro por él.

“Nunca hemos sabido a ciencia cierta cuánto cuesta una obra, su remodelación, su alquiler. Nunca sabemos a ciencia cierta lo que genera y quiénes son sus beneficiarios. La obra terminará siendo un elefante blanco, ya lo verán. Y mientras tanto, nosotros seguiremos siendo vulnerados. Nosotros, nuestros bolsillos, nuestros derechos...”, precisó.