Los diálogos entre la autoridad y los transportistas, a propósito de la liberación del precio del combustible, lograron parar por ahora las amenazas de volver a fraccionar el horario del servicio, pero no han podido frenar la realidad que golpea al gremio desde que la pandemia aterrizó el Guayaquil, la mutilación del engranaje operativo de las diferentes líneas de buses.

La crisis económica no da tregua a las unidades. Hay automotores parados hace meses por falta de repuestos o mantenimiento preventivo, y los haberes de las empresas están tan inflados con los intereses de las deudas, que a algunas ya las amenazaron con embargo.

Así lo explicó a EXPRESO el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Christian Sarmiento, quien a lo largo de estos meses ha presentado ese argumento para tomar decisiones como la paralización parcial del servicio por más de diez días registrada en mayo en la ciudad.

Este 11 de julio se espera, como cada mes, que haya un nuevo reajuste al precio del combustible y los empresarios del transporte urbano exigen de una vez por todas un examen interno que permita conocer el escenario de manera integral, y no solo en palabras y fotos, como hasta ahora.

Alrededor de 330 unidades están fuera de servicio, de un total de 2.600. “Unos embargados, otros con daños mecánicos, llantas lisas. Cambiarlas llega a costar mínimo $ 1.200, porque las más baratas cuestan $ 300 cada una. Y no nos dan crédito porque saben cómo está la situación”, describe.

Esto deriva, explica, en un servicio de transporte mutilado, porque simplemente la capacidad operativa no ayuda. “Por eso este grito. Es un cambio cuando aún el enfermo está convaleciente que querer hacerlo cuando ya muere”, dice.

John Joy es empresario de la cooperativa de transporte Simón Bolívar, de la línea 137, que recorre de las Malvinas al centro, y que es una de las golpeadas por esta crisis. Cuenta que de 15 unidades, solo 10 están funcionales. Cree que el panorama se recrudecerá por como van las cosas con en el buró de crédito.

“Hay préstamos que se hicieron antes de la pandemia, que iban a ser pagados de acuerdo a los ingresos de esa época, que rodeaban los 800 pasajeros al día. Ahora es imposible cumplir, si máximo llegamos a 300 pasajeros, eso es, $ 90 al día, de los que $ 30 se van en combustible y el resto en mantenimiento, pago de sueldos y demás. La realidad ha cambiado y las entidades crediticias no dan tregua, por eso apelamos a la sensibilidad de las autoridades”, exhorta.

La historia se repite con testimonios similares. A algunos, como a Manuel León, representante de la cooperativa Río Guayas, de la línea 135, que recorre Guasmo Norte y centro, ya los amenazaron con embargo del bus por deuda.

“El valor del vehículo está por debajo de la deuda hoy, El crédito llegaba a $ 30 mil y el bus hoy vale $ 18 mil. Así lo entregue, quedaría con una deuda de años. Eso sin contar otros gastos atrasados, como las pensiones de los niños. Esto es simplemente insostenible”, cuenta el empresario.

Uno de los casos más graves es el de la cooperativa Las Orquídeas, de la línea 131. En 2018, 18 socios se unieron para aplicar un crédito y renovar unidades. Son 18 buses nuevos, de los 36 que tiene la empresa, los que no tienen los ingresos para pagar las letras de ese compromiso. “Hubo meses de gracia, pero desde mayo de 2021 tuvimos que pagar. Son más de $ 36 mil mensuales. Desde enero, la producción de los 18 automotores apenas llega a $ 8 mil. Y lo grave es que como garantía de esa deuda está el edificio de la cooperativa”, cuenta Doris Tierra, gerente.

La pandemia no solo golpeó a este sector. En agosto de 2020, este Diario publicó un informe sobre la crisis en la que está sumergido el sistema de transporte masivo metrovía. La deuda de los consorcios ascendía entonces a más de cuatro millones de dólares y, al igual que los buses, se habían empezado a desmantelar algunas unidades sin uso para poder mover a cerca de medio millón de pasajeros.

Ante esa realidad, el Municipio decidió crear un fondo para echar un salvavidas al sistema, criticado por no respetar la exigencia de la reducción del aforo, que, en cambio, sí se puso como argumento a la hora de aprobar la nueva ordenanza para la ayuda financiera. El rubro ascendió a casi un millón de dólares y se conformó de recursos provenientes de sanciones por invasión de carril exclusivo e incumplimiento de las prohibiciones relacionadas con el uso del espacio público.

Hoy los transportistas de buses urbanos se preguntan por qué no hubo una acción similar con ellos. Las respuestas están dadas en el discurso reciente de la alcaldesa Cynthia Viteri. Los impactos de la liberación del precio del combustible le compete solucionarlos exclusivamente al Gobierno.

Las mesas de diálogo siguen abiertas. Se espera que a mediados de julio haya resoluciones, luego de la respectiva verificación de la autoridad sobre los datos de la crisis del transporte. Sobre quién caerá el impacto de la liberación del precio del combustible luego de eso es aún una respuesta pendiente.