Juan Carlos Díaz | Cuando la ley no protege
Las normas solo protegen cuando las instituciones son capaces de hacerlas cumplir
Cada año, el Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre una realidad persistente: la violencia contra las mujeres. Se repiten cifras, diagnósticos y declaraciones institucionales. Pero hay un aspecto que suele quedar en segundo plano: la eficacia del sistema de justicia.
Con frecuencia se afirma que esta violencia responde a patrones culturales arraigados. Es cierto, pero no es suficiente. Las normas solo protegen cuando las instituciones son capaces de hacerlas cumplir. En toda sociedad, la cultura convive con el derecho. Y es la ley la que establece los límites que ninguna conducta debería cruzar sin consecuencias.
Ecuador cuenta con legislación destinada a prevenir y sancionar la violencia. Existen procedimientos judiciales y medidas de protección orientadas a resguardar a las víctimas. El desafío surge cuando esas herramientas no se aplican con la rapidez y eficacia que la situación exige.
Para una víctima, el tiempo no es una variable administrativa. Una denuncia que tarda en tramitarse o una medida de protección que se demora puede significar que el riesgo continúe. La respuesta tardía de las instituciones, en estos casos, no es solo una dificultad procesal: puede convertirse en una forma de desprotección.
A esta realidad se suma un desafío institucional más profundo. Durante años la justicia ecuatoriana ha estado expuesta a tensiones políticas vinculadas al diseño de organismos como el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsables -directa o indirectamente- de la administración, evaluación y control de la carrera judicial. Cuando las instituciones que gobiernan la Función Judicial se ven atravesadas por disputas políticas, la independencia se debilita y la justicia pierde estabilidad.
La independencia judicial, consagrada en la Constitución, no es una abstracción. Es la condición que permite que la ley proteja a los ciudadanos. Fortalecerla exige reformas institucionales que garanticen jueces independientes, procedimientos ágiles y un sistema capaz de responder con oportunidad. Porque cuando la justicia no funciona, los derechos dejan de ser garantías y se convierten en promesas. Las promesas no protegen a nadie.
