Editorial | La minería ilegal y un Estado débil
La presencia de maquinaria extrayendo oro en comunidades como Sindy, Atahualpa y San Carlos no es solo una infracción legal
El regreso de la minería ilegal en Napo, luego de que el Gobierno suspendiera actividades extractivas por daño ambiental, revela que el control estatal sigue siendo débil. La presencia de maquinaria extrayendo oro en comunidades como Sindy, Atahualpa y San Carlos no es solo una infracción legal, es la evidencia de que las decisiones oficiales no se traducen en autoridad real sobre el territorio. Cada retroexcavadora operando ilegalmente representa una derrota institucional por el daño ambiental irreversible y porque consolida la percepción de que el Estado llega tarde, actúa poco y se retira pronto. En ese vacío prosperan economías ilegales que contaminan ríos, degradan ecosistemas y fracturan el tejido social de las comunidades.
Se espera que la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía cumpla sus objetivos de regular el control ambiental y los procedimientos administrativos para la minería legal; destinar un porcentaje de las regalías mineras a obras sociales en gobiernos locales; y fortalecer los controles, incluyendo sanciones penales para infractores. Solo con estas medidas efectivas se podrá impedir la acción de la minería ilegal, garantizar autoridad real sobre el territorio y proteger los ecosistemas y la cohesión social de las comunidades.