Saturadas, así se observa a la mayoría de calles de Guayaquil ante el aumento de automotores que circulan en la ciudad y sin mayores opciones de desahogo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un total de 2,88 millones de vehículos fueron matriculados en 2022, 13,61% más que los registrados en 2021 a nivel nacional. Una cifra abismal en comparación a los vehículos que salen definitivamente de las calles, especialmente en el Puerto Principal donde su parque automotor se estimaba hasta el año pasado en 680.000 carros.

Una de las opciones para aliviar el tráfico interno y externo es la chatarrización voluntaria, pero que, en los últimos años, no ha tenido gran acogida.

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Desde 2018 que se creó el proceso, 16.183 vehículos    han sido chatarrizados en la provincia del Guayas, según información proporcionada a EXPRESO por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

En ese año, en Guayaquil se chatarrizaron 1.518 vehículos (entre carros y motos). A la fecha, un total de 4.566 se han acogido al proceso, en su mayoría motos. (Ver gráfico adjunto).

Evelyn Cortez confiesa que hace unos años decidió cambiar un vehículo tipo blazer que tenían en la familia, más por el consumo de gasolina y el parqueo, que por su vejez; además de evitar sanciones. Nunca optó por la chatarrización, pues prefería tener su carro embodegado.    “He visto buses deteriorados que aún circulan en esas condiciones con una carga de smog adicional que contamina y que deberían acogerse a ese proceso”, señala Evelyn.

Pero la mayor cantidad de vehículos chatarrizados son aquellos que están en los Centros de Retención Vehicular (CRV) y sujetos a lo que establece el artículo 157    de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que sustituye el texto de la Disposición General Quinta, que dispone en su parte pertinente: “(…) Cuando excedan los tres años contados desde su fecha de ingreso, facúltese a los organismos de tránsito citados, a proceder, sin más trámite, a la chatarrización de los vehículos”, explica la CTE.

Actualmente, existen 26.024 vehículos retenidos en los CRV de propiedad de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (EPMTMG-EP). De esa cifra, 20.452 se encuentran elegibles para que sean declarados en abandono, según información proporcionada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ver detalle en infografía.

La mayoría son motocicletas (18.770) que, según el abogado Édgar Lupera, director de Gestión de Infracciones y Servicios de Tránsito de la ATM, no han sido retirados por sus propietarios por más de un año contados a partir de la fecha de su ingreso al CRV, por lo que, fundamentados en lo que dice la ley, serán declarados en abandono, salvo los que se encuentren en acciones procesales judiciales.

El docente Alejandro Chanabá, decano de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y experto en transporte, opina que la chatarrización ayuda, pero muy poco por el volumen de carros que aumenta cada año. “Hay una alta variedad de marcas, muchas de ellas chinas y de carros de $ 15.000 a $ 20.000 entrando en el sistema y que estarán de 4 a 5 años o 10 años si lo mantiene en buenas condiciones. Si seguimos vendiendo la cantidad de carros que se venden en Guayaquil, en el Ecuador, más se caotizarán las vías”, señala el experto.

De allí que considera se debe    poner una regulación al tema de las ventas, lo que supone un problema serio para el tráfico,  sumado a las horas pico, el clima, a una mejor sincronización de semáforos y a la falta de personal de tránsito en horas de alto flujo vehicular.

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Una de las soluciones más fáciles que propone para dar más fluidez al tráfico de la ciudad son la creación de corredores como tiene la avenida Narcisa de Jesús, en cuyos carriles centrales no tienen semáforos por lo que fluye el tráfico.

“Hay que pensar en calles largas para ponerle los semáforos en verde a la hora pico”. Otra alternativa es tener un buen sistema de transporte público en general para movilizarse en todas direcciones y con fiabilidad, es decir, que llueva, truene o relampaguee ese carro salga a la hora indicada; además de sectorizar la ciudad con determinada cantidad de buses de transporte. “Debe ser una solución integral, varias cosas que hay que poner en marcha. Empezaría con lo más fácil, los corredores”.

El ingeniero Manuel Salvatierra, director de Registro y Revisión Técnica Vehicular ATM, explica que la antigüedad de un vehículo no necesariamente da como resultado un problema para la ciudad. El inconveniente real, puntualiza, radica en los automóviles que no cumplen con las normativas técnicas y cuyo deterioro representa un peligro para otros usuarios de las vías.

De allí que, para abordar esa situación, en Guayaquil se han implementado inspecciones (revisiones) técnicas vehiculares que tienen como objetivo verificar el estado óptimo de los vehículos. “Estas inspecciones evalúan 12 aspectos cruciales, como la detección de fugas de aceite en el motor, la comprobación de los frenos, la transmisión, las emisiones de gases, el estado de las llantas, entre otros. En esencia, se revisan todos los elementos que el artículo 312 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estipula”, recalca el funcionario.

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Para superar la revisión técnica vehicular se otorgan cuatro oportunidades a los vehículos. Pero si después de eso el vehículo sigue presentando daños o deficiencias no será posible realizar su matriculación ni circular en Guayaquil. Si algún agente lo encuentra en las calles será remitido a los patios de retención de la ATM, explica el director, al enfatizar que un vehículo que no cumple con los estándares de seguridad y condiciones mecánicas adecuadas no podrá circular, lo que representa un mecanismo de regulación efectivo.

“En último término es importante reconocer que el alto número de vehículos que circulan en Guayaquil también se debe a la afluencia de vehículos de cantones vecinos como Durán, Daule y Samborondón. Sin embargo, estos vehículos también están sujetos a los controles establecidos en la vía pública para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas”, asegura Salvatierra.

Según la CTE, los automotores sujetos al proceso de chatarrización son entregados mediante un contrato público a una empresa gestora ambiental que se encarga del tratamiento de los mismos, aunque no mencionan el nombre de la empresa. La recaudación que se realiza va a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

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