Estado de excepción en Ecuador sin efecto: ¿qué queda frente al crimen organizado?

Pese a la vigencia del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 6 de agosto de 2025, la violencia no ha cesado en la provincia de El Oro. Entre el 8 y 9 de agosto se registraron ataques armados en Machala, El Guabo y Huaquillas, que dejaron al menos ocho personas asesinadas y reportes del uso de granadas en zonas costeras.

Uno de los hechos más graves ocurrió en altamar, donde un grupo de aproximadamente sesenta individuos armados interceptó una embarcación, provocando la muerte de cuatro personas y dejando siete heridos.

Estados de excepción en Ecuador: impacto limitado frente al crimen organizado

Estos eventos se produjeron menos de 48 horas después de que el Ejecutivo declaró el estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, en respuesta a lo que se calificó como una “grave conmoción interna” atribuida al accionar de grupos armados organizados.

Entre 2021 y el primer semestre de 2024, Ecuador ha decretado 15 estados de excepción relacionados con el incremento de la violencia. Según un estudio realizado por los investigadores Paul Alejandro Izquierdo-Chávez y Bernardo Xavier Monsalve-Robalino, de la Universidad Católica de Cuenca, los homicidios pasaron de 2.496 en 2021 a 8.008 en 2023. A pesar de que en el primer semestre de 2024 se registró una leve reducción del 5,2 %, los niveles siguen siendo alarmantes.

Expertos advierten efectos limitados del estado de excepción en seguridad

“El estado de excepción ha mostrado efectos limitados para frenar el crimen. A pesar de algunas reducciones temporales, la persistencia de problemas estructurales y la falta de medidas integrales han impedido una solución sostenible”, concluye el estudio.

Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han cuestionado desde hace tiempo el uso reiterado de los estados de excepción como única estrategia para enfrentar la criminalidad. Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), advierte que entre enero y agosto de este año, el número de homicidios en el distrito Nueva Prosperina se ha multiplicado en comparación con el mismo período del año anterior.

Reapertura de programas sociales y UPC clave para prevención comunitaria

“En la práctica, el estado de excepción otorga al gobierno acceso a presupuestos adicionales para enfrentar problemas graves de manera temporal, pero no se está utilizando de forma adecuada. Ese es precisamente el problema en Socio Vivienda I y II: los tres UPC que existen en esas comunidades siguen cerrados”, señala.

Navarrete considera que el presidente Noboa debería “fortalecer la presencia del Estado en comunidades abandonadas mediante la reapertura de programas sociales, la articulación con los municipios para el fortalecimiento colaborativo (especialmente en la prevención del reclutamiento) y la promoción de la participación ciudadana en los ámbitos comunitario, académico y empresarial”.

Medidas de seguridad muestran resultados operativos parciales

Por su parte, Wagner Bravo, experto en seguridad, sostiene que algunas medidas han sido efectivas, y que ese es el objetivo de la Ley de Inteligencia. “Sin embargo, en los aproximadamente 30 estados de excepción que se han decretado, no he visto que se hayan interpuesto demandas contra el Estado por allanamientos sin fundamento. En los casos que conozco, los operativos podrían considerarse efectivos porque se logró capturar a personas, incautar drogas, armas, entre otros resultados. Eso también demuestra que, en ciertos contextos, estas medidas permiten actuar con mayor capacidad operativa”.

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