Obispos de Ecuador piden firmeza al Gobierno ante crisis de seguridad y violencia

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emitió un enérgico pronunciamiento este lunes 20 de abril,  instando al Gobierno Nacional a actuar con "firmeza y justicia" frente a la escalada de violencia que atraviesa el país. En un comunicado oficial, los obispos advirtieron que la criminalidad ha permeado los espacios cotidianos de la ciudadanía, subrayando que la protección de la vida no es negociable y que el Estado no puede permitir que la sociedad se habitúe al miedo.

"No podemos callar: la violencia ha entrado en nuestras casas, calles y escuelas. Quienes ejercen el poder tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos con firmeza y justicia; no se puede negociar con la muerte ni acostumbrarse al miedo". Bajo esta premisa, subrayaron que la protección de la vida es una responsabilidad estatal ineludible.

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Restricciones focalizadas en zonas críticas

Este llamado de la cúpula eclesiástica coincide con el reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la implementación de un nuevo toque de queda nocturno, que entrará en vigor a inicios de mayo. La medida focalizada abarcará nueve provincias y cuatro municipios estratégicos, incluyendo zonas costeras y fronterizas que funcionan como rutas críticas para el tráfico de sustancias ilícitas. 

Según el Ejecutivo, la restricción busca replicar la tendencia de marzo, mes en el que se reportó una reducción del 28% en las muertes violentas durante un estado de excepción previo.

No obstante, las estadísticas oficiales revelan un contraste, pues los operativos dejaron un saldo mayor de ciudadanos detenidos por infringir la restricción de movilidad que personas vinculadas directamente a bandas criminales.

El impacto social de la delincuencia

Más allá de la operatividad policial, la preocupación de la Iglesia aborda las causas estructurales del conflicto. Los prelados enfatizaron la existencia de una "violencia silenciosa" alimentada por la creciente pobreza y el desempleo, factores que condenan a las familias a la angustia y las vuelven presas fáciles de las organizaciones delictivas. 

En este sentido, la institución religiosa exigió que la estrategia estatal no se limite a la fuerza, sino que priorice la inversión en educación, salud accesible y la generación de plazas de trabajo dignas para frenar el avance de la criminalidad.