Toque de queda en Ecuador: "la ciudadanía pidió ampliarlo", afirma Reimberg

El Gobierno de Ecuador amplió el toque de queda como parte de una estrategia planificada para debilitar la economía del crimen organizado, según explicó John Reimberg. La medida no responde a un hecho puntual de violencia, sino a operativos preparados con anticipación para ejecutar detenciones, incautaciones y desarticulación de redes delictivas, con foco en provincias como Pichincha y el uso de mecanismos de denuncia anónima para enfrentar delitos como la extorsión.

La ampliación del toque de queda en varias provincias de Ecuador responde a una estrategia de seguridad planificada con antelación y enfocada en debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, según explicó el funcionario John Reimberg.

Durante una entrevista en el programa Un café con JJ, Reimberg señaló que la medida no obedece a un repunte puntual de violencia, sino a un plan que se venía estructurando desde semanas atrás.

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Toque de queda: una medida planificada, no reactiva

Reimberg aseguró que la intervención fue diseñada con anticipación, con base en información levantada en territorio. Según indicó, el objetivo es ejecutar operativos ya definidos, enfocados en detenciones, incautaciones y desarticulación de redes criminales. “El toque de queda es para operar, no para improvisar”, resumió.

El funcionario afirmó que la decisión de extender la medida también estuvo marcada por la percepción ciudadana. Según dijo, hubo pedidos para ampliar el alcance territorial tras observar los resultados de los primeros operativos. “La ciudadanía pedía que se incluyan más provincias”, sostuvo.

Intervención más amplia: foco en Pichincha

Entre las zonas incorporadas está Pichincha, donde —según el funcionario— se busca contener el crecimiento de economías ilícitas. Advirtió que, de no intervenir, el problema podría escalar y afectar a Quito en el mediano plazo.

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La nueva fase del toque de queda contempla un despliegue territorial más amplio en comparación con el anterior.

Uno de los delitos priorizados es la extorsión. De acuerdo con cifras mencionadas en la entrevista, más de 1.200 personas han sido detenidas este año por este delito.

Sin embargo, Reimberg reconoció que la falta de denuncias sigue siendo un obstáculo clave. “Sin información, no se puede actuar”, explicó, al señalar que muchas víctimas no reportan los casos por temor.

Para enfrentar esta limitación, se han habilitado mecanismos de denuncia anónima, como códigos QR y líneas telefónicas. Según el funcionario, estas herramientas ya han permitido ejecutar operativos y decomisar armas en distintas zonas del país.

Impacto económico y respuesta del Gobierno

Frente a las preocupaciones de sectores productivos por las restricciones, Reimberg sostuvo que este tipo de medidas suele enfrentar resistencia inicial, pero tiende a ganar respaldo conforme se evidencian resultados en seguridad.

La estrategia actual apunta a sostener operativos diarios en las zonas intervenidas y a reducir la capacidad de acción de los grupos criminales mediante el control territorial y el debilitamiento de sus fuentes de financiamiento.