Guerra arancelaria
Demanda ante la Corte Constitucional busca frenar la tasa del 100% a productos colombianos
La acción fue presentada por el economista Andrés Albuja, quien además interpuso una denuncia formal ante la Comunidad Andina de Naciones.

La Corte Constitucional analizará las demandas que se han presentado contra la tasa de seguridad.
Lo que debes saber
- El economista Andrés Albuja presentó su tercera demanda de inconstitucionalidad contra las tasas a productos colombianos, ahora por el recargo del 100%.
- Los demandantes argumentan que solo la Asamblea Nacional puede crear tributos, no una resolución administrativa del Senae.
- La Corte ha dilatado los casos anteriores mientras el gobierno emite nuevas resoluciones para eludir el control constitucional.
La tasa de seguridad del 100% que Ecuador aplica a las importaciones desde Colombia fue demandada ante la Corte Constitucional. La acción fue presentada por el economista Andrés Albuja y está en manos del juez Alí Lozada, quien recibió la notificación de sorteo este lunes.
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Es la tercera demanda que Albuja presenta por este conflicto: ya había impugnado las tasas del 30% y del 50% ante la misma Corte, y además interpuso una denuncia formal ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La escalada arancelaria comenzó en enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa impuso una tasa del 30% a los productos colombianos como respuesta a la falta de control del crimen organizado en la frontera. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) subió el recargo al 50% y luego al 100% mediante sucesivas resoluciones administrativas. Colombia respondió con aranceles equivalentes a través del Decreto 170, profundizando una crisis que desde febrero acumula pérdidas superiores a los $600 millones de dólares en el comercio bilateral, según la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana (Camce).
¿Por qué la tasa del 100% sería inconstitucional?
Los accionantes piden que se declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo. Por la forma, argumentan que una resolución administrativa del Senae no puede crear tributos, facultad que la Constitución reserva exclusivamente a la Asamblea Nacional.
Por el fondo, alegan que la medida viola el derecho a la integración regional, es incompatible con el Acuerdo de Cartagena que rige las relaciones comerciales dentro de la CAN y desconoce la seguridad jurídica.
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Albuja explicó que el gobierno ha utilizado una figura que calificó como fraude procesal constitucional: deroga una resolución impugnada y emite una nueva antes de que la Corte pueda pronunciarse, lo que le permite eludir el control constitucional.
Cada vez que la Corte se acerca a emitir un dictamen sobre una tasa, el Ejecutivo la reemplaza por otra y el proceso debe comenzar de nuevo.
¿Qué pidió el demandante a la Corte?
Se solicitaron medidas cautelares para suspender el cobro de forma inmediata y la devolución de los valores ya recaudados por el Senae.
De prosperar, la Corte podría dejar sin efecto la tasa de manera permanente.
Albuja advirtió sin embargo que la Corte ha dilatado el trámite de las demandas anteriores y que existe una persecución política que inhibe a los jueces de confrontar al Ejecutivo. A su criterio, es probable que el tribunal vuelva a dejar correr el tiempo mientras el gobierno emite nuevas resoluciones.
¿Qué dicen los gremios?
Olivia Diezgranados, presidenta de la Camce, advirtió que las altas cortes de ambos países tienen en sus manos la posibilidad de revertir estas medidas.
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A su juicio, incumplen los principios de racionalidad, proporcionalidad y fundamentación que la norma constitucional exige.
En Colombia, el Consejo de Estado tramita dos demandas de nulidad contra el Decreto 170. Más de 10.000 familias en la franja fronteriza dependen del intercambio binacional y el comercio en la zona cayó más del 90%.
¿Qué pasó en Colombia este lunes?
El presidente colombiano Gustavo Petro encabezó el lunes un Consejo de Ministros en Ipiales, ciudad fronteriza con el Carchi, para analizar la crisis comercial y diplomática con Ecuador. La reunión se realizó con medidas de seguridad reforzadas en toda la ciudad. La visita presidencial a la zona más golpeada por el conflicto ocurrió mientras las demandas avanzan en ambos tribunales y el comercio fronterizo permanece prácticamente paralizado.