La CDP cumplirá un año intervenida, entre denuncias y falsas promesas

Concentración Deportiva de Pichincha inició la tercera prórroga de su proceso de intervención por parte del Viceministerio del Deporte, que tomó el control del organismo el 11 de junio de 2025. Entonces se dijo que sería máximo por dos periodos de 90 días cada uno. Pero la Ley del Deporte admite prorrogar las veces que decida el Viceministerio del Deporte y, esta semana, se confirmó la nueva extensión. Otros 90 días, con los que la organización cumplirá un año en esta situación.

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Desde el organismo, trabajadores antiguos, entrenadores y varios dirigentes de las asociaciones por deporte consideran que no se justifica más la intervención, que no hay motivo para que no se haya llamado a elecciones todavía, pues el proyecto del estadio no tiene luces y en torno a las mejoras que se realizaron hay una denuncia grave: sobreprecio en la compra del marcador electrónico, por el que el anterior interventor, Romel González, pagó 200.000 dólares.

Al respecto, en un diálogo del que este medio fue parte, el actual interventor, Eduardo Monge, reconoció que ha podido comprobar que el monto real de la pantalla que se colocó está por debajo de esa cifra. “Hemos hecho un estudio de mercado y oscila entre 70 y 80 mil dólares”, dijo. Es decir, que González la compró por casi el triple. 

Sobre las negociaciones por el marcador, EXPRESO confirmó que, para la compra final que se ejecutó, se rompió un acuerdo previo con otra empresa, la cual colocaría la pantalla a cambio de un porcentaje en la comercialización de espacios publicitarios, y un valor de renta mensual a la CDP.

Ese acuerdo había sido aceptado inicialmente por González, pero después apareció otra empresa, que previamente había sido expulsada de la CDP por no cubrir pagos por el uso de espacios de vallas, y fue esa empresa la que nuevamente entró a negociar y finalmente colocó el marcador por 200.000, sin IVA, según la factura a la que tuvo acceso este medio. 

Defiende contratación 

Sobre lo sucedido, Romel González, explicó que el costo total del marcador contempló también la instalación de la estructura para los paneles led que conforman el marcador, instalaciones eléctricas, mantenimientos futuros, e incluso “intereses” por el financiamiento de parte de la empresa. Además, aseguró que la CDP no gastó ese monto de manera corriente al momento de la instalación y que el pago estaba previsto en cuotas.

González señaló que ante cualquier duda por parte del nuevo interventor, existía la posibilidad de revisar el contrato hasta diciembre. Y en ese aspecto, le resulta llamativo que Monge jamás le haya consultado sobre el tema de manera directa, a pesar de que en el Viceministerio trabajaban para la misma área. 

Lo del pago a plazos y los costos de instalación coincide con la versión entregada a este medio por parte de Wagner Oña, propietario de la empresa de publicidad que vendió el marcador. El empresario, además de aclarar que financió la pantalla ante la urgencia de la CDP por tener el marcador, ofreció presentar los documentos de respaldo en los próximos días. 

Ante todo esto, el actual interventor, a pesar de haber reconocido que existe un aparente sobreprecio, indicó que se encuentran analizando los detalles de la negociación y quiso alejarse de la gestión de su antecesor. “Somos personas distintas, tomamos acciones distintas, yo tengo que revisar lo que él firmó”, justificó, al ser cuestionado por el nivel de responsabilidad del organismo interventor, Viceministerio del Deporte, del que también él es parte.

Lo cierto es que, según el mismo Monge aseguró, no existe un informe detallado de la gestión de González. Nunca se dio una rendición de cuentas de lo realizado en seis meses al frente del organismo deportivo. González renunció al Viceministerio del Deporte en diciembre y asegura no haber tenido contacto con Monge, quien nunca le ha solicitado información sobre su gestión en la CDP. 

Despidos y cargos que generan inestabilidad y deudas

Mientras el interventor de la CDP argumentó que la institución se encuentra en etapa de austeridad, no pudo negar que se han dado varios despidos que podrían generar demandas millonarias, ya que existe un contrato colectivo que ampara a los trabajadores. 

Solo entre dos personas que fueron despedidas de manera intempestiva, el ente debería pagar casi 300.000 dólares. Aun así, en uno de los casos, existe voluntad de negociación, pero la persona implicada reclama que no ha podido ser atendida por Monge.

Pero tampoco otras decisiones administrativas parecen justificadas, o al menos el propio interventor no supo aclarar por qué existen cargos de asesores en las áreas jurídica y financiera cuando la institución habitualmente manejaba un organigrama con directores de área y asistentes.

La situación en el ámbito deportivo no es diferente, pues en un periodo de menos de seis meses el departamento técnico metodológico, que se ocupa de la planificación de los deportistas, cambió de director en tres ocasiones, volviendo a quien tenía el cargo inicialmente. Y algo similar pasó en el área de comunicación, con la directora que había elegido González, despedida, pero recontratada más adelante.

La falta de planificación y seguimiento en ciertos procesos resulta alarmante e incluso algunos hechos más graves no terminan de tener respuestas, como robos ocurridos en diciembre de 2025 en el estadio olímpico Atahualpa. “Eso fue apenas ingresé, parecía más un complot porque fueron tres robos seguidos de los cables de las torres de iluminación”, dijo. Más allá de que la estructura se encontraba asegurada, la CDP nunca llevó adelante una denuncia.

Monge tampoco pudo responder respecto a avances en la investigación tras la denuncia en Fiscalía por parte del exministro José David Jiménez en contra de cuatro personas por supuesto cohecho a la interna de la CDP. 

El exministro, en su denuncia, aseguró tener chats que demostraban cómo habrían existido repartos para la adjudicación de contratos de los bares de escenarios deportivos, apuntando como sospechosos a Miguel Pavón, hijo del expresidente de la CDP del mismo nombre; el asesor Alexis Recalde; Walter Trujillo, exmiembro del directorio; y hasta un antiguo interventor: Alejandro Sáenz.

Y mientras la institución carece de respuestas y claridad por parte de quien la está conduciendo, el estadio Atahualpa ya cuenta una mentira más en cuanto a ofrecimientos políticos. 

No hay plazo establecido para las elecciones

Frente a la falta de respuestas y sin un plan para la matriz del deporte de Pichincha, la intervención empieza a ser cuestionada por los protagonistas de la CDP.  A decir de Monge, durante los primeros meses que él asumió, le fue imposible convocar a elecciones porque se encontraba solucionando juicios (no precisó cuáles) y atendiendo trámites del presupuesto operativo anual.  

“Ya estamos elaborando el cronograma, la línea para poder llamar al proceso eleccionario. Estamos verificando con la nueva Ley del Deporte”, aseguró, sin dar pistas de cuándo podría realizarse.

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