Juez denegó medida cautelar contra licencia ambiental del proyecto Loma

La medida cautelar en contra de la licencia ambiental que recibió el proyecto minero Loma Larga fue denegada por el juez de la Unidad Familiar de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. La decisión se conoció este sábado, 12 de julio de 2025.

El juez Pablo Almeida argumentó que no podía pronunciarse sobre la medida, ya que el juez Carlos Cárdenas, lleva actualmente el caso de la acción de protección que fue presentada en contra del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas.

Enmarcado en este contexto, Almeida consideró que "admitir la medida cautelar podría afectar la seguridad jurídica del proceso previo".

Respuesta de organizaciones sociales

La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuaya (FOA) informó que se ha presentado una nueva acción legal ante el juez Cárdenas que solicita la "nulidad de la licencia ambiental emitida por el Maate a favor de la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

Asimismo, se detalló que preparan acciones internacionales para denunciar la "omisión del Estado en proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas en Quimsacocha".

Loma Larga con licencia ambiental

La compañía DPM anunció a través de su página web que recibió la licencia ambiental para el proyecto minero de Loma Larga, en la provincia de Azuay, por parte del Gobierno Nacional.

El comunicado puntualiza que "la licencia ambiental para la explotación del proyecto Loma Larga fue emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) el 23 de junio de 2025".

Esto ocurrió luego de que en mayo de este 2025 se anunciará el supuesto cumplimiento de las exigencias impuestas por la Corte Provincial de Azuay dentro del caso de acción de protección en contra de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas.

Sin embargo, para las organizaciones defensoras del ambiente e indígenas no se ha cumplido ninguno de los puntos: consulta libre e informada, consulta ambiental, estudio técnico e informe actualizado de la situación del proyecto en la zona de Quimsacocha.

En este contexto también se realizó una asamblea ciudadana en la ciudad de Cuenca en la que se emitió un manifiesto con ocho resoluciones a tomar: 

1. Realizar una caminata y procesión a los páramos de Quimsacocha el 19 de julio.
2. Convocar a una Gran Marcha por la Defensa del Agua y los Páramos el 16 de septiembre, desde Victoria del Portete, acompañada de una agenda artística, cultural, académica y política.
3. Expresar solidaridad con los pueblos en resistencia: Nabón, Sigsig, Santa Isabel, Ponce Enríquez, Las Naves, Sigchos y el pueblo Shuar.
4. Rechazar la reapertura del catastro minero que amenaza fuentes de agua y territorios campesinos e indígenas.
5. Rechazar leyes regresivas como la Ley de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, y alertar sobre la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, que abre la puerta a la privatización y explotación de zonas protegidas.
6. Instar al Municipio de Cuenca a tomar medidas legales y administrativas para proteger el territorio y vigilar posibles focos de delincuencia en Río Blanco.
7. Respaldar el informe técnico de Etapa EP y remitir a autoridades provinciales y asambleístas, exigiendo un pronunciamiento claro.
8. Conformar un equipo jurídico para coordinar la defensa legal de los derechos colectivos y de la naturaleza.

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