Investigadores analizan la raíz estructural de la violencia en Ecuador
UTPL alerta sobre crisis de seguridad en Ecuador con enfoque académico y social
Desde el ámbito académico, se ha emprendido una reflexión profunda sobre la crítica situación de seguridad que atraviesa Ecuador. El docente e investigador Santiago Ruiz Castillo, director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja, advierte que el país vive un fenómeno complejo, donde el crimen organizado, la falta de oportunidades y la debilidad institucional se entrelazan.
A ello se suma el testimonio de la Ph.D. Kruzkaya Ordóñez González, docente titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación, quien resalta el papel de la academia en generar conocimiento y estrategias para afrontar esta crisis social.
Cifras que retratan una crisis sin precedentes
Las cifras dan cuenta de un escenario alarmante. Según Human Rights Watch, Ecuador figura entre los países más violentos de América Latina, con una tasa de homicidios que en 2023 alcanzó los 43 por cada 100 mil habitantes.
“Estamos ante una realidad que no solo impacta las calles, sino la vida de toda una generación”, expresa Ruiz, señalando que el crecimiento de bandas criminales, el uso masivo de armas de fuego y la impunidad han convertido al país en un territorio atractivo para redes internacionales del crimen. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) confirma que, desde 2020, el crimen organizado se ha duplicado año tras año, especialmente en zonas urbanas y costeras.
La visión de las universidades, desde su visión humanista y científica, han identificado factores estructurales que alimentan este entorno violento. Entre ellos, Ruiz destaca la presencia de cárteles que utilizan a Ecuador como ruta de tránsito, la falta de control estatal efectivo, y el empobrecimiento de la población juvenil.
Una juventud en riesgo: menores reclutados por el crimen
A esto se suma la participación creciente de adolescentes en actividades ilícitas, quienes son captados con promesas de ingresos que pueden alcanzar hasta los $ 4 000 mensuales. “Es una crisis no solo criminal, sino de salud mental, educativa y cultural”, reflexiona el docente.
En paralelo, el Estado ha tratado de implementar medidas de contención, como el aumento del IVA al 15% para financiar el combate al narcotráfico, o la inversión de más de 2.000 millones de dólares en seguridad. Sin embargo, 2024 se perfila como el segundo año más violento en la historia del país.
Ruiz apunta que la falta de confianza ciudadana en la Policía y el sistema judicial, con más del 60% de desconfianza, dificulta cualquier esfuerzo institucional. Además, la corrupción dentro de las fuerzas del orden ha provocado la liberación de criminales y la filtración de información a redes delictivas.
Propuestas desde la academia: prevención, justicia y reforma
Frente a este panorama, los academicos proponen una mirada integral y reformas urgentes. “Necesitamos un sistema penal más sólido, protección efectiva para jueces y fiscales, y un enfoque preventivo desde la educación y la comunicación”, sostiene Ordóñez.
El impacto de esta violencia no solo es humano, sino económico y estructural. Datos de la Corporación de Participación Ciudadana revelan que en 2023 más de 500 ecuatorianos fueron víctimas de algún delito cada hora.
Cerca de 250 mil personas han migrado en los últimos años buscando seguridad. Desde la universidad, la solución no radica únicamente en la represión, sino en reconstruir el tejido social desde la educación, la justicia y el compromiso colectivo. “Ecuador necesita respuestas desde el conocimiento y la solidaridad”, concluye la doctora Ordóñez.
