Yasunidos demandó al presidente Daniel Noboa, por incumplimiento

El colectivo YaSunidos presentó este 12 de noviembre de 2025 una demanda de incumplimiento ante la Corte Constitucional en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, por el irrespeto a los resultados de la consulta popular de 2013 sobre la posibilidad de dejar el petróleo del ITT  (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) bajo suelo o continuar explotándolo.

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En ese proceso, se preguntó a los ecuatorianos: "¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?". El 59 % del electorado votó por el sí, pero la explotación de petróleo continúa. 

Pedro Bermeo, miembro de Yasunidos, presentó un reporte de producción de Petroecuador del bloque 43 del 11 de noviembre, en donde consta que se extrajeron 44.470 barriles de petróleo “ilegalmente” porque existe un dictamen de la Corte Constitucional y porque hubo una votación popular.

Según Agustín Grijalva, abogado del colectivo Yasunidos, el Gobierno Nacional ha incumplido la voluntad del pueblo ecuatoriano que decidió mantener toda la biodiversidad del Yasuní y dejar el petróleo bajo tierra y, además, ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional que establece las medidas para ejecutar ese mandato. 

El jurista también señaló un supuesto incumplimiento frente a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condena al Estado Ecuatoriano por mantener actividades petroleras que atentan contra los pueblos indígenas.

Grijalva adelantó que se recopila abundante información jurídica, económica y técnica para respaldar esta demanda en contra del Noboa y mencionó que cuentan con el reconocimiento de esos incumplimientos desde el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a inicios de este mes acogió las conclusiones de la veeduría ciudadana sobre el tema.

Bermeo, por su parte, explicó que en el dictamen de la Corte Constitucional de 2023 se incluían varios puntos como que debía haber un cese de contrataciones para nuevas explotaciones en el bloque 43, la suspensión de las explotaciones extractivas en ese bloque. 

Además, considera que es importante hacer una distinción entre eso y el retiro porque lo primero debía ejecutarse en un tiempo no mayor a un año, es decir hasta febrero de 2024 y, en cambio, para el retiro de la infraestructura, no se estableció un plazo y tampoco ha ocurrido.

Sofía Torres, miembro de Yasunidos y coordinadora de la veeduría técnica conformada en el Consejo de Participación señaló que recopilaron pruebas que determinaron de manera irrefutable este incumplimiento. 

Esta veeduría se instituyó el 25 de diciembre de 2023 y que se cerró el 10 de septiembre de este año con la entrega del informe final. Torres dijo que la agrupación solicitó información a varias instituciones estatales. 

Por ejemplo, la veeduría pidió datos a la Corte Constitucional, los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente, de la Mujer y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y Petroecuador. Sin embargo, explicó que en muchos de los casos hubo dificultades en el acceso a la información y se detectaron inconsistencias entre lo que les fue entregado y la información que es pública. 

“La explotación del bloque 43 continúa, lo que implica un flagrante incumplimiento de la consulta popular y, asimismo, las autoridades y las instituciones correspondientes no han tomado medidas correspondientes para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, dijo.

Bermeo también se refirió al tema y señaló otros incumplimientos como medidas de protección inmediata para estos pueblos y una reparación para la naturaleza, que es parte del dictamen de la Corte Constitucional, pero si se continúa con la explotación, indicó, no se puede dar esta reparación.

El activista subrayó que esta fue una consulta popular histórica porque fue la primera que nació desde la ciudadanía en el Ecuador y fue producto de una lucha de más de 10 años, tras una recolección de más de 750.000 firmas y una batalla en más de 10 instancias diferentes, hasta lograrlo, para que finalmente se reconozca el derecho de la población a decidir.

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