Roberto Aguilar | El último resto de ética pública
Cada uno de ellos sabía a ciencia cierta que Alexandra Villacís no debía un centavo al SRI
¿Cómo se reconstruye la fe pública después de lo que el Gobierno, a través de sus operadores judiciales y políticos, ha hecho y sigue haciendo con Alexandra Villacís para impedir que asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura que legítimamente le corresponde?
¿Cómo catalogar este esfuerzo concertado de altísimos funcionarios para cometer un fraude? Desde el CPCCS hasta la mismísima Corte Nacional, del Ministerio del Trabajo al Servicio de Rentas Internas y, por supuesto, el propio Consejo de la Judicatura en pleno tomaron parte del operativo.
¿Cuántos tipos penales perpetraron entre todos ellos con total impunidad? ¿Falsificación de documentos? ¿Asociación para delinquir? ¿Incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente? ¿Tráfico de influencias? ¿Prevaricato?
Esta es la historia de un presidente que necesita garantizar su control sobre la justicia. Para ello, nada más eficiente que un Consejo de la Judicatura de bolsillo: con su facultad de sancionar a los jueces, trasladarlos o destituirlos, ese organismo es la herramienta adecuada para tener de rodillas a la cortes y obtener de ellas lo que el Ejecutivo (pregúntenle a la jueza Nubia Vera) o incluso los narcos (pregúntenle al juez Carlos Serrano) necesitan.
El impresentable abogado de narcotraficantes Mario Godoy era el hombre ideal para cumplir esa tarea. Alexandra Villacís, su suplente, una piedra en el zapato. Ocurre que, de resultas de su propio descaro y su propia angurria, el primero pierde el cargo; en consecuencia, se vuelve imprescindible evitar el ascenso de la segunda a toda costa. ¿Qué hacer? Fraude: inventársele una deuda tributaria inexistente que el Ministerio de Trabajo registra como impedimento para ocupar cargo público. Aunque el SRI otorgó un certificado de cumplimiento tributario desde el minuto uno, tuvieron que transcurrir 44 días hasta que un recurso de ‘habeas data’ desmontara la patraña y ordenara corregirla.
Que Alexandra Villacís no mantenía deuda tributaria alguna y, por tanto, no estaba impedida de ocupar cargo público es algo que ningún ecuatoriano enterado del caso puso en duda nunca. Ninguno en absoluto. Eso incluye a los integrantes del pleno de la Judicatura, que la destituyeron de facto sin estar facultados para ello; al titular del CPCCS, que no tardó ni media hora en arrancar el proceso para sustituirla (por algo habrá amasado un millón de dólares desde que ocupa el cargo); al presidente de la Corte Nacional de Justicia, de quien se esperaba al menos algo de carácter pero terminó haciendo lo que se le pedía; al ministro de Trabajo, de quien no se esperaba nada en absoluto pero aun así se dio modos para ser decepcionante, y al presidente de la República, ‘deus ex machina’ de toda la conjura. Cada uno de ellos sabía a ciencia cierta que Alexandra Villacís no debía un centavo al SRI. Sin embargo, durante 45 días y contando, el aparato público nacional ha girado alrededor de esa mentira.
Este caso no sólo retrata la crisis de la institucionalidad y echa abajo el último resto de fe pública que aún quedaba (si quedaba alguno). Hace algo peor: pone de cabeza nuestra más básica relación con la verdad. Viene a decirnos que, para todos los efectos, la verdad es insustancial e inútil. El caso de Alexandra Villacís es un punto sin retorno en la irremediable pérdida de sentido de la realidad.
