¿Qué le piden los Yasunidos a la Corte Constitucional?
En consulta popular, los ecuatorianos tomaron una decisión que no se ha cumplido, recuerdan
El martes 29 de julio del 2025, los integrantes de Yasunidos dejaron en manos de los jueces de la Corte Constitucional, de modo formal, información en torno a lo que llaman "incumplimiento sistemático del mandato de la consulta popular del 2023".
El domingo 20 de agosto de 2023, en Ecuador, junto a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, se desarrolló la consulta popular. Durante la campaña, Daniel Noboa aseguró que votaría a favor de dejar el petróleo bajo tierra.
¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?, se preguntó. Ganó el sí con alrededor del 59 % de los votos.
Una vez en el Gobierno, el presidente Noboa pidió una moratoria, ha dicho a la Corte, desde el 2023 que necesitaría cinco años y hasta 10 años. Ha dicho que el país está en guerra, con una avalancha de violencia y destrucción.
"El Estado sigue desobedeciendo al pueblo", dicen Yasunidos
"A dos años del mandato popular por el Yasuní, el Estado sigue desobedeciendo al pueblo. No se ha detenido la extracción", reclamó Yasunidos, en un comunicado.
Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, informó que le entregaron a la Corte Constitucional "abundantes pruebas del incumplimiento del Gobierno de Noboa, al mandato popular que ordena detener la explotación del Yasuní ITT".
Asimismo, Yasunidos manifestó que el incumplimiento vulnera los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas y la democracia. Les parece "una burla a la decisión soberana del pueblo y una desobediencia a lo dispuesto por la Corte Constitucional".
El rol de la Corte Constitucional en el cumplimiento del mandato popular
De forma pública, Yasunidos le pide a la Corte que actúe ya. "La Constitución es clara: las decisiones adoptadas por consulta popular son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Exigimos que se garantice la ejecución del mandato, se sancione a las autoridades responsables y se ordene la suspensión inmediata de toda actividad petrolera en el Bloque 43".
Para el colectivo, la demanda es más urgente en el contexto del grave retroceso institucional promovido por el decreto ejecutivo 60, del 24 de julio del 2025, que reduce drásticamente el alcance del Estado en materia ambiental". Se refieren a la fusión de los ministerios de Ambiente y de la Mujer y Derechos Humanos.
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