Patricio Carrillo fue censurado por la Asamblea sin posibilidad siquiera de debate. En contra de lo que se esperaba, el exministro del Interior sí se presentó ayer jueves ente el Pleno para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que un grupo de legisladores del correísmo, Pachakutik y la Izquierda Democrática plantearon en su contra. Pero como en este parlamento nadie parlamenta, no importó lo que dijera: casi todos sus juzgadores habían llevado sus discursos por escrito, con la sentencia de culpabilidad dictada de antemano. Si Carrillo no hubiera dicho nada habría dado igual. Tras tres horas de predecibles y aspaventosas intervenciones (en una proporción de un asambleísta a favor del exministro por cada diez en contra) y con el apoyo vergonzante del Partido Social Cristiano, ninguno de cuyos integrantes dijo ‘esta boca es mía’ ni explicó la posición del bloque, la moción de censura fue aprobada con 105 votos a favor y la abstención de los 19 asambleístas del oficialismo.

La mayoría de las acusaciones giraba en torno a la actuación de la Policía durante el paro nacional de junio del año pasado: los interpelantes responsabilizaron a Carrillo de once muertes y lo acusaron de abuso de la fuerza, violación de los predios universitarios, requisición ilegal de la Casa de la Cultura en Quito, uso de armas letales... Además, le atribuyeron culpas en el femicidio (perpetrado en una escuela policial por un miembro de la fuerza pública) de María Belén Bernal. Elizabeth Otavalo, madre de esta última, asistió a la primera parte de la sesión, que empezó a las nueve de la mañana y duró ocho horas.

Actuaron como ponentes la correísta Jhajaira Urresta y Peter Calo, de Pachakutik, dos de los asambleístas menos dotados de la actual Legislatura (y de cualquier otra). Ambos leyeron sus discursos, pero lo hicieron con tal deficiencia, falta de articulación verbal e incongruencia conceptual que hubo largos tramos en los que sus palabras resultaban francamente incomprensibles. Como cuando Urresta apremiaba al exministro para que “no enerve su responsabilidad política”; o invocaba la Ley Orgánica de Servicio Público diciendo “Esto está literalmente expuesto en el artículo a, b, f, del artículo 22 literal a”; o citaba regulaciones de las Naciones Unidas y en lugar de “atribución de un comportamiento al Estado” leía “atribuciones y comportamientos del Estado”; o despachaba parrafadas estrambóticas en las que hablaba de la “absoluta necesidad de mantener la colaboración para garantizar el cambio y la implementación de políticas públicas que conserven la seguridad nacional que hagan que esto sea un conducir hacia la transparencia de un país, lo cual el dicho pacto de seguridad, señor Patricio Carrillo, ha quedado en palabras, mas no en su gestión”. Estaba claro que ni Urresta ni Peter Calo sabían de lo que estaban hablando.

Esta extrema incapacidad verbal, este vacío conceptual insólito para un recinto parlamentario, lo compensaron los interpelantes con excesos retóricos, desproporciones y un dramatismo aplicable a los jerarcas nazis, pero no a un ministro de la democracia ecuatoriana. Se dijo que Carrillo tenía “mente criminal”; que “en sus manos, en su cara y en su gestión lo único que hay es sangre y muerte”; se lo calificó como “ministro del terror”; se lo llamó “genocida”; se lo llamó “fascista”; se lo acusó de bombardear niños: “¡Las bombas rebotaban en sus cuerpos (decía a gritos una Urresta indignada, crispada, llena de odio) y usted estuvo a la cabeza de esa masacre genocida!”. Hitler, una ameba.

Como interpelantes, Jhajaira Urresta y Peter Calo estaban obligados a debatir con Carrillo: disponían de una hora para plantear su réplica a los argumentos de defensa del exministro. Fieles a su caricatura, llegaron a eso momento, otra vez, con sus discursos escritos. No extraña que Carrillo decidiera renunciar a la contrarréplica y abandonar el recinto legislativo antes de hora.

Carrillo se defendió con vehemencia y con argumentos que habrían merecido al menos el beneficio del debate en cualquier parlamento que no fuera este. Dijo, por ejemplo, que las responsabilidades políticas de un funcionario derivan de sus funciones, y que las suyas como ministro del Interior no son operativas en relación con la Policía. Que no era su competencia ordenar acciones como la requisición de la Casa de la Cultura, por ejemplo, y que, en todo caso, esa requisición que no ordenó solamente fue notificada pero no llegó a hacerse efectiva nunca. Que por escrito dispuso usar armamento disuasivo, no letal. Que extender hacia el ministro las responsabilidades del femicidio de María Belén Bernal “es un sinsentido”, sobre todo después de haberse demostrado que no se trató de un crimen de Estado. Poco más de dos horas habló el exministro y ninguno de sus argumentos fue retomado en el posterior debate. Su censura estaba cantada dijera lo dijese.

El exministro contrataca

“Los que acabaron con el sistema de inteligencia criminal de la Policía ahora sostienen la tesis de que la inseguridad del país se origina en el incumplimiento de funciones de un ministro que estuvo cinco meses en el cargo. Quienes transformaron las cárceles en empresas privadas para entregar uniformes, para la alimentación y para una cantidad de ilegalidades son los que hablan ahora de incumplimiento de funciones”: Patricio Carrillo durante su defensa.