La caída del ministro del Interior fue deseada por los grupos políticos totalitarios (correístas y comunistas indoamericanos); conseguida por la presión social en las redes y en las calles; decidida por el propio presidente de la República; festejada por los narcotraficantes. Patricio Carrillo es el chivo expiatorio con cuyo sacrificio se zanjó una semana en la que todas las agendas políticas (todas: ya no solo las de los villanos) convergieron en un solo punto: el debilitamiento de las instituciones democráticas.

¿Quién tumbó a Carrillo? El ruido. El hombre que afrontó, sin disparar un solo tiro, dos violentas tentativas de golpe de Estado, llevaba tres años recibiendo los embates de una intensa campaña de odio. En nombre del derecho a la protesta lo acusaron de asesino. En nombre de la pluriculturalidad le atribuyeron racismo. En nombre de la lucha contra la violencia machista le responsabilizaron de un crimen de Estado. Ninguno de estos cargos es remotamente demostrable, pero eso no ha sido un impedimento para que todos ellos se encuentren bien posicionados en el debate público. Debate público cuyo precario espacio, en un país donde los partidos políticos son de papel y la Asamblea es una cueva de analfabetos funcionales, está centrado principalmente en las redes. Es decir, el ruido.

La masa digital es una extraña muchedumbre de individuos aislados en busca de aprobación. Alguien empieza preguntando qué hace la primera dama parada ahí como florero, otro comenta que “nos gobiernan momias de la edad de piedra”, un tercero dice “es de terror”, un cuarto aporta que el ministro del Interior es capaz de justificar todos los crímenes… Y así, esta desaforada y catártica explosión en seguidilla conduce a una conclusión inapelable: “Es que el Gobierno odia a las mujeres”. Alguien compara el caso de María Belén Bernal con el de los hermanos Restrepo y otro dice “crimen de Estado”; una candidata a la Alcaldía de Quito graba un video acusando a Carrillo de encubrir una desaparición forzada y la analogía con los hermanos Restrepo llega hasta el editorial de un noticiero de TV sin que nadie se detenga a reflexionar por un momento en las abismales diferencias entre uno y otro caso. Suma de expresiones para el lucimiento personal apasionado y carnavalesco, el ruido en las redes desarticula toda posibilidad de pensamiento y crea una realidad paralela de adscripción obligatoria. Y se nos ríe en la cara.

Luego viene Guillermo Lasso y se somete. ¿Por qué? Porque su debilidad es abrumadora y ese ruido no es cualquiera. Esas masas digitales que vierten su emotividad en las redes son la expresión de auténticas identidades tribales cuyo discurso es hegemónico (no contempla posibilidad de réplica) y pueden pasarle la factura a cualquier político. Identidades reactivas, étnicas y de género, están marcando los límites de la política en el Ecuador. La Conaie dice “derecho a la resistencia” y el ministro de Gobierno llama a la Fiscalía a discutir sobre la impunidad de delitos cometidos durante las manifestaciones violentas. Dice “culturas ancestrales” y el ministro de Educación (ocurrió esta semana) consiente en otorgar autonomía absoluta a un sistema, el de educación bilingüe, que hasta el momento ha sido un clamoroso fracaso incapaz de garantizar el acceso de sus estudiantes a la universidad. Porque ante el discurso de la identidad no hay respuesta política posible.

El movimiento feminista dice nos-están-matando y el presidente destituye al ministro que le salvó el pellejo, da de baja a otros dos generales sin explicar por qué (como si supiera algo que nosotros no) y fija un plazo de siete días para resolver el caso, como si eso se hiciera por decreto. En un país donde la política no es el arte de administrar los problemas de la sociedad sino el arte de ganar y conservar el poder, no conviene indisponerse con las identidades étnicas y de género. Llevar la etiqueta equivocada (“enemigo de las mujeres”, por ejemplo, o “racista”) acarrea, aunque sea falso, un voto castigo irrecuperable.

¿Cómo son esas identidades étnicas y de género? El ensayista español Juan Soto Ivars acaba de publicar un libro (‘La casa del ahorcado’) en el que las describe a la perfección: no ofrecen propuestas -dice de ellas- sino que plantean exigencias; no negocian, presentan batalla; son maximalistas y les importa un bledo la posición de sus adversarios; no buscan el equilibrio sino la restitución, que suele darse mediante la adquisición de una ventaja; cuando levantan la voz, quieren hacer la ley... ¿Suena conocido?

Y algo más: el “nosotros” de esas identidades “se calcula a partir de una lista de agravios”. Porque si algo las distingue del común de ciudadanos es su condición de víctimas. Una condición que opera a través del desplazamiento de la experiencia personal a la grupal. Así, dice Soto Ivars, “los privilegiados comparten viaje con las víctimas y sacan ventaja de su dolor”. Como los individuos miembros de estos grupos están traspasados por sus identidades colectivas, cualquier ofensa genérica es tomada como una agresión por todos. Y una agresión puede ser casi cualquier cosa. En una teorización victimista y reivindicativa, el concepto de violencia se ha disuelto y, en lugar de referirse a aquello que objetivamente causa daño, se ha convertido en una lista de agravios. Según los tuits de esta semana, es violencia decir, como hizo la primera dama en algún momento, que “las niñas deben hacerse respetar”. Es violencia decir “crimen pasional”. Es violencia decir que “se debe educar a las mujeres”. Y sí, estas expresiones pueden producir situaciones incómodas, pero el pensamiento identitario les atribuye, independientemente de la intención de quien las diga, la representación de un sistema de opresión estructural del que todos somos culpables.

El furor narcisista de las identidades no solo está imponiendo un sistema de censura en el que todo el mundo ha de aceptar gustoso la vigilancia y los dictados del activismo para ser digno de proyectar una imagen de superioridad moral: es el concepto mismo de ciudadanía el que está siendo destruido por esta tendencia a dividir la sociedad en departamentos estancos, establecer odiosas distinciones entre ellos y disolver los lazos que unen a las personas en un Estado de derecho.

La salida del ministro del Interior es el resultado de la presión ejercida por el activismo tribal de millares de ciudadanos aparentemente (aunque quizá involuntariamente) ansiosos de dejar de serlo. Y de su capacidad de imponer los límites de la política. Secuestrado, el Gobierno ha cedido: cesión inservible, pues no implica que se haya convertido al feminismo ni mucho menos; es apenas un gesto simbólico que será despreciado por sus captores; y una nueva batalla perdida de las instituciones democráticas. Partidos totalitarios, mafias, tribus: no es una casualidad que los grupos que hoy festejan la caída de Patricio Carrillo sean precisamente aquellos que atentan contra el concepto de ciudadanía.